El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) consideró ayer que existe una gran oportunidad para construir un Pacto de Nación en torno a la política fiscal, alineado con las propuestas de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END).
Así lo planteó ayer en un encuentro con la prensa, celebrado en la sede de la institución, ubicada en la avenida Sarasota #20. La organización subrayó la importancia de avanzar en un pacto fiscal que aborde de manera integral los temas estructurales que han impedido que el crecimiento económico se traduzca en una mejora significativa para todos los dominicanos.
La END, aprobada en 2012, estableció la necesidad de alcanzar tres grandes pactos para enfrentar los problemas estructurales del país. De estos, el pacto fiscal sigue siendo un pendiente crucial, mientras que ya se han acordado el pacto educativo y el pacto eléctrico.
Desde la óptica empresarial, el pacto fiscal debe centrarse en varios pilares fundamentales para ser efectivo. En primer lugar, se requiere un sistema tributario ágil y simple que promueva el empleo, la inversión y la formalización, alineado con el objetivo del Gobierno de duplicar la economía para 2036. Además, el sistema debe ser progresivo, adaptarse a la capacidad contributiva de cada sector y evitar distorsiones e impuestos que frenen el desarrollo o incentiven el comercio ilícito.
En el contexto actual, el Conep enfatiza la necesidad de enfrentar problemas estructurales como la alta informalidad laboral, que afecta la recaudación fiscal. Según el Banco Central de República Dominicana (BCRD), el 55.6% de la población ocupada estaba en el sector informal a marzo de 2024. Esta situación limita los ingresos del Gobierno y socava la recaudación tributaria.
Además, según lo externado ayer, se debe abordar la eficiencia de la administración fiscal, considerando que el país tiene uno de los rendimientos más bajos de recaudación del ITBIS en Latinoamérica, con solo 34 centavos recaudados por cada peso que debería ingresarse.
Para el Conep, un pacto fiscal también debe fomentar la calidad, transparencia y optimización del gasto público. Es crucial asegurar una distribución equitativa de los recursos regionales y promover alianzas público-privadas que respeten los criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza). Asimismo, afirman, se debe garantizar una deuda pública consolidada que sea sostenible y realista, mejorar el riesgo país y fortalecer el sistema de rendición de cuentas.
En cuanto a la situación fiscal del país para 2024, las estimaciones de ingresos previstas en la Ley de Presupuesto representan 17.2% del PIB, mientras que el 83.9% de estos ingresos proviene de impuestos. Los datos ofrecidos indican que la presión tributaria se estima en 14.3% del producto interno bruto –PIB-, cerca de 10 puntos por debajo del promedio regional. Los gastos representan 20.3% del PIB, con el gasto corriente alcanzando el 17.5% del PIB y el gasto de capital (inversiones) representando un 2.8% del PIB. La necesidad de financiamiento es equivalente al 3.1% del PIB.
El sector eléctrico es el primer dolor de cabeza
El empresariado, que tiene al Conep como sombrilla, ha señalado que para avanzar en la reforma fiscal es crucial abordar de manera específica varios desafíos estructurales, entre ellos el sector eléctrico. Y dice que requiere reducir las pérdidas en las empresas distribuidoras de electricidad, publicar estados financieros auditados y diversificar la matriz energética para asegurar la sostenibilidad financiera del sector. Se trata de medidas vitales para garantizar un suministro eléctrico estable y eficiente, que a su vez fomente un entorno favorable para la inversión y el crecimiento económico.
