El Ministerio Público creo una unidad especial para la gestión del cobro de multas de tránsito, como una forma de que los conductores temerarios tomen mayor conciencia del régimen de consecuencias y reducir los accidentes de tránsito.
A través de un comunicado de prensa, la Procuraduría General de la República precisó esta información fue dada a conocer por la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, en una reunión con fiscales de todo el país, en la sede de esa entidad.
Precisa, que cuentan con casos en que una sola persona registra más de 300 multas sin pagar, que se prescriben al marco jurídico actual, por lo que es necesario fortalecer la ley para que sean un crédito para el Estado y que su impago en plazo razonable genere mora sin prescripción.
La magistrada Yeni Berenice Reynoso recordó que solo un 35 % de las multas de tránsito se cobran a nivel nacional, lo cual constituye un incentivo para que algunos desaprensivos sigan sin esforzarse en cumplir con las normas de tránsito, las cuales, además de reglamentar y organizar el desplazamiento, tienen el objetivo de llevar seguridad a las calles y, por lo tanto, reducir el número de muerte asociadas a los accidentes.
En el país más del 70% de los multados por contravenciones de tránsitos incumplen con el pago y, la falta de consecuencias, contribuye a que el país siga registrando una alta cantidad de accidentes de tránsito
El tema del pago de las multas de tránsito, también fue tocado recientemente por la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, quien planteó que el pago sea obligatorio como forma de imponer un régimen de consecuencias.
“Se está proponiendo una reforma a la ley de tránsito en ese capítulo solamente, para nosotros poner de manera obligatoria el pago de la multa. Porque en lo que todos estamos de acuerdo, es que cuando no hay un régimen de sanciones, las personas evaden la responsabilidad que les toca”, expresó Raful, al participar en una entrevista en Listín Diario, en marzo pasado.
Con la normativa actual, las multas prescriben en un año a partir de la fecha en que se cometió la infracción, cuya extinción puede ser solicitada a través de un tribunal especializado. Ante esa realidad, el ministerio público también se involucra con la reactivación de una unidad para hacer más efectivo el cobro, según indicó.
“Nosotros hemos tenido casos donde personas que han sido llevadas por una violación a la ley de tránsito presentan una cantidad de multas en su registro, que aunque han perimido, son exorbitantes y son personas que no deberían estar conduciendo y que son un riesgo para la seguridad”, dijo Raful.
