Por: Autor: Santiago Rivas
SANTO DOMINGO.- Durante años, el Seguro Nacional de Salud (SeNasa) ha sido presentado como uno de los pilares más sensibles del sistema de protección social dominicano. Sin embargo, el reciente escándalo que envuelve a la institución ha dejado al descubierto una realidad incómoda: una red de prácticas irregulares en la relación entre médicos, centros privados y el sistema público de aseguramiento, que combina evasión fiscal, sobrefacturación y uso indebido de recursos estatales.
Lejos de ser un hecho aislado, el caso SeNasa expone una enfermedad crónica del sistema de salud, donde la falta de controles efectivos ha permitido que determinados actores acumulen beneficios ilegítimos a expensas del Estado y, en última instancia, de los ciudadanos.
Las investigaciones y auditorías internas realizadas por las autoridades en torno a SeNasa han revelado patrones que se repiten:
Facturación de servicios no prestados, duplicados o inflados.
Uso de códigos médicos para aumentar artificialmente los montos a cobrar.
Derivación dirigida de pacientes a centros específicos con intereses cruzados.
Médicos que cobran al seguro y al paciente simultáneamente, una práctica prohibida.
Centros médicos que reportan volúmenes de atenciones incompatibles con su capacidad operativa real.
Los entenidos en la materia opinan que estas prácticas no solo afectan la sostenibilidad financiera de SeNasa, sino que vulneran el principio de equidad sobre el cual se sustenta la seguridad social.
Evasión fiscal: la otra cara del problema
El caso también ha colocado bajo la lupa una dimensión pocas veces abordada públicamente: la evasión tributaria en el sector salud.
Honorarios médicos que no se reportan correctamente.
Pagos en efectivo fuera del sistema formal.
Subdeclaración de ingresos por parte de clínicas y especialistas.
Uso de facturación fragmentada para evadir impuestos.
Paradójicamente, recursos que salen del Estado vía SeNasa no siempre regresan al Estado en forma de impuestos, creando un doble deterioro de las finanzas públicas.
Un sistema capturado por incentivos perversos
Expertos consultados coinciden en que el problema no es solo de individuos, sino estructural. El diseño actual del sistema genera incentivos negativos:
Débil fiscalización cruzada entre salud, seguridad social y administración tributaria.
Escasa interoperabilidad de datos entre SeNasa, la DGII y la Sisalril.
Sanciones que rara vez se aplican o terminan diluyéndose en procesos administrativos.
Dependencia del Estado de prestadores privados sin controles proporcionalmente fuertes.
“El sistema fue diseñado para garantizar acceso, pero no para controlar abusos sofisticados”, advierte un especialista en gestión sanitaria consultado por este medio.
¿Quién paga la factura?
Las consecuencias son claras:
Listas de espera más largas.
Retrasos en pagos a prestadores honestos.
Presión financiera que pone en riesgo la cobertura.
Desconfianza ciudadana en el sistema público de salud.
Menos recursos disponibles para medicamentos de alto costo y atención primaria.
En otras palabras, la corrupción y la evasión en el sistema de salud terminan costando vidas, no solo dinero.
Responsabilidades compartidas, silencios incómodos
Aunque el foco público se ha centrado en SeNasa, el problema involucra a múltiples actores:
Autoridades reguladoras que no fiscalizaron a tiempo.
Centros médicos que normalizaron prácticas irregulares.
Profesionales de la salud que traicionaron la ética médica.
Un sistema político que evitó tocar intereses sensibles.
El silencio histórico alrededor de estas prácticas explica, en parte, por qué el problema creció sin control.
¿Reforma real o escándalo pasajero?
El caso SeNasa coloca al país ante una disyuntiva: o se asume como detonante de una reforma profunda del sistema de relación entre el Estado y los prestadores de salud, o se cerrará como tantos otros expedientes, sin consecuencias estructurales.
Entre las medidas urgentes que plantean especialistas figuran:
Auditorías forenses periódicas.
Cruce automático de datos fiscales y médicos.
Régimen de consecuencias ejemplarizantes.
Transparencia pública de contratación y facturación.
Protección legal a denunciantes internos.
Conclusión
El escándalo de SeNasa no habla solo de una institución, sino de un modelo que permitió que la corrupción y la evasión se disfrazaran de práctica normal en la prestación de servicios de salud.
La pregunta ya no es si había irregularidades, sino cuánto más puede resistir el sistema antes de colapsar, y si el país está dispuesto a enfrentar intereses poderosos para salvar lo que realmente importa: el derecho de los dominicanos a una salud digna, transparente y sostenible.
Más sobre el caso SeNasa
Durante el fin de semana, el Ministerio Público puso en marcha la Operación Cobra, con la cual inicia un proceso de judicialización que busca sanciones penales y el decomiso del dinero sustraído al patrimonio público a través del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
En la operación ha sido arrestado Santiago Hazim, exdirector del SeNaSa y otras siete personas imputadas de defraudar esa administradora de riesgos de salud (ARS) pública con miles de millones de pesos mientras varias personas físicas y jurídicas continúan bajo investigación con el propósito de judicializarlas conforme avancen las indagatorias del órgano acusador.
Un total de 25 fiscales, auxiliados por más de 200 agentes de la Policía Nacional, practicaron 12 allanamientos como parte de la operación que llevó al arresto también de Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.
Entre otros delitos, al grupo se le imputan cargos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
Por: Autor: Santiago Rivas
