El presidente Luis Abinader instruyó al Consejo Nacional del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) a modificar su reglamento interno para crear una comisión técnica de cinco miembros, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de supervisión, control y administración del riesgo de esa institución.
La medida forma parte de un conjunto de disposiciones orientadas a mejorar la eficiencia, efectividad y transparencia en la gestión operativa y financiera del Seguro Nacional de Salud.
Por decisión del Poder Ejecutivo, la comisión será coordinada por el doctor Arismendi Díaz Santana e integrada además por Pedro Ramírez Slaibe, Federico Lalane José, el magistrado Alexis Read —una vez concluya sus funciones en la Suprema Corte de Justicia— y Nora Elizabeth Sánchez Padilla, excoordinadora de Participación Ciudadana.
Para la implementación de esta disposición, el presidente Abinader instruyó al ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, en su condición de presidente del Consejo Nacional de SeNaSa, a convocar a ese organismo, del que también forman parte el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, el superintendente de Salud y Riesgos Laborales y el director ejecutivo de SeNaSa, a fin de modificar el reglamento orgánico interno de la aseguradora.
Funciones y responsabilidades de la comisión técnica
Desde el Poder Ejecutivo se reconoce que ni la Ley núm. 87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, ni el reglamento vigente de SeNaSa desarrollan con suficiente detalle las herramientas normativas necesarias para garantizar una supervisión permanente y una dinámica efectiva de rendición de cuentas. Aunque el Gobierno trabaja en una propuesta de reforma integral de dicha ley, las modificaciones reglamentarias servirán como base normativa para mejoras inmediatas.
Entre las funciones de la comisión técnica se incluye asistir y asesorar al Consejo Nacional, monitorear y evaluar la situación operativa y financiera de SeNaSa y emitir reportes periódicos. También tendrá la facultad de conocer y otorgar “no objeción” a contratos que superen los RD$5 millones mensuales, monto que será indexado anualmente según la inflación del Banco Central.
Asimismo, deberá informar sobre operaciones financieras, contrataciones, autorizaciones médicas, reclamaciones, compromisos financieros, disponibilidad bancaria y el registro de contratos ante la Contraloría General de la República.
El presidente Abinader dispuso, además, que el Consejo Nacional se reúna con la periodicidad requerida, garantice la publicidad de sus decisiones y adecúe sus procesos de compras a la legislación vigente.
