SANTO DOMINGO.- La garantía de protección social en la República Dominicana continúa fortaleciéndose con resultados concretos. Entre diciembre de 2024 y enero de 2026, la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) ha consolidado su rol como instrumento activo del Estado para proteger los derechos de los ciudadanos dentro del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS).
Este desempeño se produce en el marco de la articulación institucional del SDSS, integrado por el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS), la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), la Superintendencia de Pensiones (SIPEN), el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), el Servicio Nacional de Salud (SNS) y demás entidades que garantizan el acceso efectivo a la salud y la protección social en todo el territorio nacional.
Los resultados evidencian una política pública que no solo regula, sino que interviene, media y defiende de manera directa a los afiliados ante situaciones de vulnerabilidad.
Un Estado presente: orientación, defensa, asistencias y traslados las 24 horas
Durante el período analizado, la DIDA registró más de 1 millón 600 mil asistencias acumuladas, a través del Programa “YA NO ESTAS SOLO, DIDA 24 HORAS CONTIGO” reflejo de una demanda constante de orientación y acompañamiento por parte de la ciudadanía.
Solo en enero de 2026 se contabilizaron 118,633 asistencias, consolidando un promedio superior a 3,800 orientaciones diarias durante el primer mes del año.
Cada orientación representa una persona que busca respuestas frente a una urgencia médica, una pensión pendiente, un medicamento necesario o una situación laboral que afecta su seguridad económica.
Las asistencias estuvieron vinculadas principalmente a:
Informaciones generales sobre la Seguridad Social, el Seguro Familiar de Salud (SFS), Seguro de Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia (SVDS), Seguro de Riesgos Laborales (SRL).
Protección económica: intervención frente a cobros indebidos
Hasta diciembre de 2025, la institución contribuyó a evitar RD$70 millones en cobros indebidos dentro del sistema nacional de salud.
Además, en apenas mes y medio de 2026, se evitó el pago por parte de afiliados de más de RD$15 millones adicionales, resultado de más de RD$10 millones impedidos de cobro en enero y RD$ 3.2 al 12 de febrero, elevando el acumulado general a más de RD$83 millones protegidos mediante procesos de mediación, verificación de cuentas médicas y acompañamiento continuo.
Asimismo, se han identificado más de 520 millones de pesos en los fondos de pensiones de personas fallecidas, se les ha informado a 10,253 familias sobre el proceso de sobrevivencia y como acceder a los fondos con su rentabilidad e intereses generados.
Estas intervenciones responden a prácticas que contravienen el Plan de Servicios de Salud (PDSS) y las disposiciones regulatorias emitidas por el CNSS y la SISALRIL, que establecen el marco de cobertura obligatoria para garantizar el acceso sin discriminación ni cobros irregulares.
La acción preventiva del Estado en este ámbito no solo protege derechos, sino que preserva el equilibrio económico de las familias dominicanas.
Vigilancia activa y fortalecimiento institucional
El fortalecimiento institucional también ha implicado la supervisión del procedimiento de dispensación parcial de medicamentos, el despliegue de promotores a nivel nacional y acciones educativas que consolidan una cultura de derechos dentro del sistema.
Asimismo, se ha reforzado la vigilancia en la cobertura de medicamentos de alto costo y en el acceso a servicios de salud mental, áreas fundamentales para asegurar tratamientos continuos y atención integral, especialmente en situaciones de enfermedad catastrófica o condiciones psicosociales que requieren acompañamiento permanente.
La presencia continua de la DIDA, a través de sus canales presenciales, telefónicos y digitales, garantiza disponibilidad permanente para orientar, mediar y defender a los afiliados en todo el territorio nacional.
Protección social en la vida cotidiana
Las cifras acumuladas entre diciembre de 2024 y febrero de 2026 reflejan más que estadísticas administrativas: representan una política pública activa que acompaña al ciudadano en momentos de mayor vulnerabilidad.
Desde la orientación sobre afiliación hasta la intervención frente a irregularidades, la garantía de protección social se traduce en acciones concretas que impactan directamente la vida diaria de los afiliados.
La protección social se expresa también en la articulación con programas de apoyo estatal y en la atención prioritaria a envejecientes, personas con discapacidad, niños, niñas y adolescentes, en consonancia con las políticas públicas que integran salud, asistencia social y seguridad social como pilares del bienestar colectivo.
Así, la seguridad social se consolida como una realidad tangible: más acceso, más cobertura y más dignidad para las familias dominicanas, bajo un Estado que no solo regula, sino que acompaña, protege y defiende activamente a su gente.
