La entidad estima en más de 150 kilómetros cuadrados la superficie forestal afectada o alcanzada por los incendios de esta temporada y advierte sobre un nuevo fuego en la Sierra de Bahoruco, próximo al Hoyo de Pelempito
Por: Luis Carvajal
El Observatorio de Áreas Protegidas advirtió que la frecuencia, extensión y recurrencia de los incendios forestales configuran una emergencia ambiental que exige una respuesta nacional inmediata. La entidad reclamó reforzar la prevención, proteger las zonas amenazadas e investigar las responsabilidades detrás de los fuegos que golpean algunos de los ecosistemas más frágiles e irremplazables del país.
La alerta coincide con un nuevo incendio en el Parque Nacional Sierra de Bahoruco, en las proximidades del Hoyo de Pelempito. El fuego afecta una zona de bosque denso de pino criollo, dentro de la Reserva de Biosfera Jaragua-Bahoruco-Enriquillo, y agrava la presión sobre un territorio castigado repetidamente durante esta temporada.
Según las estimaciones citadas por el Observatorio, entre el 20 de junio y los primeros días de julio, dos grandes incendios afectaron más de 100 kilómetros cuadrados en la Sierra de Bahoruco. En Valle Nuevo, la entidad reportó afectaciones previas superiores a 50 kilómetros cuadrados y más de 30 kilómetros cuadrados en al menos tres incendios registrados en las últimas semanas. Jaragua y La Humeadora también figuran entre las áreas protegidas afectadas.
La delimitación técnica de cada incendio debe precisar la superficie efectivamente quemada y distinguir los terrenos afectados en más de una ocasión, para evitar duplicidades y establecer la magnitud real del daño.
El Observatorio señaló que predominan los incendios de origen humano, ya sean deliberados o derivados de negligencia. Reclamó investigar sus vínculos con actividades agrícolas, ganaderas y de cacería ilegales dentro de las áreas protegidas, así como con las operaciones de redes de tráfico ilícito de personas por zonas montañosas. Las causas y responsabilidades deben establecerse en cada caso mediante pruebas e investigaciones rigurosas.
“Estamos ante una temporada despiadada contra nuestros bosques. Aunque el fuego forma parte de la dinámica natural de algunos ecosistemas, su repetición e intensidad están comprometiendo los procesos de regeneración. Se destruyen hábitats, se amenazan especies endémicas y se degradan los suelos y las fuentes de agua de las que dependen comunidades enteras”, expresó la entidad.
La recurrencia de incendios en zonas todavía en recuperación puede interrumpir la regeneración del bosque. Cuando las llamas regresan antes de que los pinos jóvenes alcancen la madurez reproductiva, disminuyen las posibilidades de reemplazar los árboles perdidos. Esto favorece la erosión y la pérdida de cobertura forestal, y puede conducir a una transformación duradera del ecosistema.
El Observatorio reconoció la entrega de los bomberos forestales, guardaparques, brigadistas, comunitarios y organismos de apoyo, que trabajan en condiciones extremadamente difíciles. Subrayó, sin embargo, que su sacrificio no puede seguir sustituyendo la prevención, la vigilancia efectiva y la aplicación de la ley. Protegerlos exige equipos adecuados, coordinación y recursos suficientes.
Ante esta situación, el Observatorio de Áreas Protegidas reclamó las siguientes medidas:
1. Investigar los incendios y perseguir a sus responsables. Determinar el origen de cada fuego y someter a la justicia, cuando existan pruebas, tanto a quienes lo ejecuten como a quienes lo ordenen o financien. El Decreto 615-26 refuerza la prioridad de prevenir e investigar las agresiones al patrimonio ambiental. Su aplicación debe acompañarse del cumplimiento riguroso de la legislación vigente y del debido proceso.
2. Reforzar la vigilancia y la respuesta temprana. Integrar monitoreo satelital, patrullaje terrestre y coordinación comunitaria en las áreas de mayor recurrencia, con personal, equipos y recursos que permitan actuar antes de que los fuegos se propaguen.
3. Evaluar los daños y orientar científicamente la recuperación. Delimitar las superficies quemadas, evaluar la afectación de los suelos, el agua y la biodiversidad, y establecer seguimiento de largo plazo, con atención especial a los bosques que han ardido repetidamente.
4. Controlar el uso del fuego y las actividades ilegales. Reforzar los controles sobre las quemas agrícolas y ganaderas durante los períodos críticos, junto con educación, asistencia técnica y sanciones efectivas. Dentro de las áreas protegidas, hacer cumplir las restricciones correspondientes y detener las ocupaciones y prácticas incompatibles con su conservación.
Los incendios forestales no pueden seguir tratándose como sucesos aislados. Su frecuencia, extensión y recurrencia exigen una política sostenida de prevención y protección, con responsabilidades institucionales claras y resultados verificables.
Cada kilómetro cuadrado de bosque perdido o degradado compromete la regulación del agua, reduce la biodiversidad y debilita la capacidad del territorio para enfrentar los extremos climáticos. El daño permanece mucho después de apagarse las llamas.
Proteger las áreas protegidas es una obligación legal, ecológica y moral del Estado y de toda la sociedad dominicana. La respuesta debe medirse en bosques preservados, comunidades protegidas y responsables sometidos a la justicia.
