El redactor de la Ley 87-01 de Seguridad Social dice dichas enmiendas corrigen las limitaciones y distorsiones del actual sistema para hacerlo más solidario.
El líder del equipo técnico que diseñó y redactó la Ley 87-01, que creó el Sistema Dominicano Seguridad Social, Arismendi Díaz Santana, presentó una propuesta de reforma a la legislación que, entre otras cosas, mejoraría la cobertura y calidad de los servicios de salud y las pensiones, incluyendo el ajuste anual de estas últimas, tomando como referencia la inflación.
Santana, también presidente de la Fundación Seguridad Social para Todos, entregó a la Comisión Bicameral de Seguridad Social del Congreso Nacional su propuesta, con la cual aseguró se corrigen las limitaciones y distorsiones del actual sistema de capitalización individual, haciéndolo más solidario a favor de los afiliados con ingresos por debajo del salario promedio.
Establece en su carta de motivación a los congresistas que los cambios fortalecen considerablemente a la administradora de fondos de pensiones (AFP) pública, reduce la comisión de las AFP; introduce la perspectiva de género y flexibiliza la entrega del fondo acumulado a los afiliados con aportes insuficientes. A continuación, parte de las modificaciones propuestas:
Reducir la comisión que cobran las AFP.
Elevar gradualmente los años de cotización con el aumento de la esperanza de vida, respetando los derechos adquiridos de los afiliados con 50 años o más.
Aumentar la cotización al 16 %, en forma gradual, con pequeños aportes durante ocho años para hacerla asequible a todos los trabajadores y empleadores.
Incrementar la cotización a la cuenta de capitalización individual del 8.4 % actual al 11.2 %, para duplicar la tasa general de reemplazo.
Devolver el 50 % del fondo acumulado y una pensión subsidiada a los hombres que al cumplir la edad de retiro solo tengan entre 150 y 179 cotizaciones; para las mujeres será entre 120 y 179.
Elevar la cotización al Fondo de Solidaridad Social (FSS) del 0.4 % al 4.8 % para garantizar una pensión mínima y básica a todos los trabajadores con aportes superiores a 180 meses.
Establecer un aporte regular del Estado al FSS, con cargo al presupuesto nacional, del 1.0 % del salario cotizable, para cubrir el bono de reconocimiento a los ex afiliados al IDSS.
Prohibir las barreras económicas en emergencias, estableciendo penalidad.
Entregar al Senasa el 50 % del presupuesto público mensual destinado a la salud de las personas, para que lo transfiera al Servicio Nacional de Salud, de acuerdo a la cápita y a la cantidad de subsidiados, y este pague a los hospitales, según los resultados obtenidos.
Disponer que el ingreso de los médicos incluya un salario fijo básico equivalente al 50 %, más otro 50 % pagado como incentivo, de acuerdo a la dedicación y a los servicios prestados, según las tarifas y honorarios establecidas.
Especializar un aporte del 2 % para el fondo del seguro de salud de los pensionados y jubilados del SDSS.
Prohibir toda práctica monopolística para obtener beneficios extraordinarios ilícitos a costa del derecho de los afiliados y/o del equilibrio financiero del seguro familiar de salud.
Suspender, vía el CNSS, de la utilización de fondos del plan básico de salud para el cuidado de la salud de los afiliados, para pagar los servicios de atención médica por accidentes de tránsito.
Revisar y readecuar todos los reglamentos, contratos y resoluciones para eliminar distorsiones, simplificar los procesos y fortalecer el ejercicio de los derechos.
Prohibir los cobros adicionales no autorizados legalmente por la Ley 87-01.
Declarar de alto interés nacional la implantación de las reformas estructurales previstas en la Ley 87-01 y pendientes de ejecución.
