El Congreso de El Salvador, dominado por el oficialismo, aprobó este jueves la reelección presidencial indefinida para permitir la continuidad del mandatario Nayib Bukele, y amplió el periodo de gobierno de cinco a seis años, en una profunda reforma constitucional.
Bukele, de 44 años, gobierna desde 2019 y fue reelegido en 2024 con un 85% de los votos, lo que le dio un control casi absoluto sobre todos los poderes e instituciones del Estado, en lo que la oposición tacha de «dictadura».
En un trámite expedito, el parlamento compuesto por 57 diputados oficialistas y tres opositores, avaló permitir la «reelección sin reservas», ampliar el mandato de gobierno, sincronizar las elecciones presidenciales, legislativas y municipales, y eliminar la segunda vuelta electoral.
«Gracias por hacer historia, colegas diputados», dijo el presidente de la Asamblea Legislativa -de 60 escaños-, Ernesto Castro, del oficialista partido Nuevas Ideas, al contar los 57 votos a favor.
El Congreso también acortó en dos años el actual mandato presidencial -que concluía en 2029- para celebrar elecciones generales en marzo de 2027, en las cuales podrá participar Bukele tras quedar habilitada la reelección indefinida.
«Este día ha muerto la democracia en El Salvador. Se quitaron las máscaras», dijo en el plenario la diputada opositora Marcela Villatoro, quien criticó que se aprobara la reforma cuando el país entra en una semana de vacaciones: «Son unos cínicos», subrayó.
Bukele goza de enorme popularidad por su «guerra» contra las pandillas que redujo, a mínimos históricos, la violencia en el país con un régimen de excepción criticado por organismos de derechos humanos porque permite detenciones masivas sin orden judicial.
«Esto es bastante simple, pueblo salvadoreño. Solamente ustedes van a poder decidir hasta cuándo apoyan a su presidente», dijo la diputada oficialista Ana Figueroa, quien presentó la reforma que podría ser ratificada por los mismos diputados en una nueva sesión convocada para esta noche.
«Dictadura»
La reforma constitucional fue presentada por los oficialistas en medio de denuncias de represión contra defensores de derechos humanos y críticos del gobierno de Bukele, lo que ha forzado al exilio a decenas de periodistas y activistas humanitarios.
«Las reformas llevan a un desequilibrio total en la democracia que ya no existe, comentó a la AFP el coordinador de la oenegé Comisión de Derechos Humanos, Miguel Montenegro.
Para Juanita Goebertus, directora de Human Rights Watch (HRW), con la reelección presidencial indefinida El Salvador recorre «el mismo camino que Venezuela».
«Empieza con un líder que usa su popularidad para concentrar poder, y termina en dictadura», escribió en la red social X.
«Esto es un abuso de poder y es una caricaturización de la democracia», afirmó la diputada opositora Claudia Ortiz.
La oficialista Suecy Callejas afirmó que «en ningún momento» se busca «que se quede un solo presidente y nunca más hayan elecciones» en El Salvador. «Eso no es cierto», dijo.
Régimen de excepción
En su discurso por el primer año de su segundo mandato, Bukele aseguró que le tiene «sin cuidado» que lo llamen «dictador», ante la ola de críticas en su contra por las detenciones de activistas humanitarios.
En mayo pasado, las autoridades detuvieron a la destacada abogada Ruth López, quien como activista de la oenegé Cristosal denunció supuestos casos de corrupción del gobierno de Bukele.
Las oenegés de derechos humanos aseguran que Bukele basa su popularidad en una política de seguridad que mantiene al país desde hace tres años bajo un criticado régimen de excepción que limita libertades y permite arrestos sin orden judicial.
Bajo el estado de excepción, unas 87,000 personas acusadas de pandilleros o cómplices han sido arrestadas.
Según oenegés como Cristosal y Socorro Jurídico, miles han sido detenidos arbitrariamente y unos 430 han muerto en prisión.
Señalado por sus críticos de autócrata, la reelección de Bukele en 2024 fue cuestionada porque, pese a estar prohibida constitucionalmente, fue permitida por un fallo de jueces afines.
En abril de 2024, el mismo Congreso aprobó una reforma para que estos cambios constitucionales no necesiten una ratificación en otra legislatura parlamentaria.
