Presidentes de Diputados, Senado y CONEP, así como ministro de Industria y Comercio, plantean necesidad de proteger inversiones y evitar impactos abruptos
Santo Domingo. – Los líderes del Congreso Nacional y del sector empresarial reafirmaron este miércoles su compromiso con una reforma consensuada, técnicamente fundamentada y equilibrada de la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos (Ley 225-20), en medio de los debates que actualmente se desarrollan en torno a su modificación.
El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, sostuvo que se escucharán todas las voces involucradas en el proceso legislativo antes de aprobar cualquier modificación.
“La próxima semana se presentará un informe con todas las opiniones recogidas para avanzar hacia una ley que sea ambientalmente responsable, pero también financieramente viable”, declaró. Pacheco también garantizó que el Congreso protegerá las inversiones ya realizadas por empresas que han apostado por tecnologías biodegradables.
En la misma línea, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, aseguró que el proyecto será revisado con detenimiento cuando llegue a la Cámara Alta, con el objetivo de evitar consecuencias económicas negativas para sectores productivos clave.
“Vamos a construir los consensos necesarios con empresas, alcaldías y sectores manufactureros, para evitar impactos negativos abruptos”, puntualizó.
Al respecto, el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor -Ito- Bisonó, reiteró la apertura del Gobierno al diálogo y la coordinación con todos los actores involucrados. “Vamos a trabajar con todos los sectores para lograr una legislación que equilibre el desarrollo industrial con la responsabilidad ambiental”, expresó.
Por su parte, el senador del Distrito Nacional, el opositor Omar Fernández, fue claro al advertir que su respaldo a la reforma dependerá de que esta beneficie al país sin perjudicar al aparato productivo nacional. “Si conviene al interés nacional, contará con mi voto. De lo contrario, no”, afirmó.
CONEP
Desde el liderazgo empresarial, el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), Celso Juan Marranzini, hizo un llamado a garantizar que la reforma se base en estudios técnicos rigurosos.
“No se trata de evitar la regulación, sino de hacerlo bien y con base científica”, sostuvo, reiterando la importancia de que la nueva legislación promueva un sistema de gestión de residuos sostenible sin sobrecargar a las empresas que ya avanzan hacia prácticas más responsables.
En tanto, la exvicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Circe Almánzar, también expresó su preocupación por los posibles efectos adversos de una legislación que no reconozca los esfuerzos del sector privado en materia de reciclaje y biodegradabilidad.
“La ley no puede convertirse en una carga ineficiente para las empresas. Se necesitan mecanismos de compensación y reconocimiento a quienes ya están invirtiendo en soluciones sostenibles”, enfatizó.
Estos sectores consultados en el 62 aniversario del CONEP hacen un llamado colectivo a la racionalidad técnica, el consenso y la protección del ecosistema empresarial, que coincide con la visión de que una reforma eficaz de la Ley 225-20 debe construir una transición responsable, diferenciando entre los materiales de alto impacto negativo y aquellos que ya han sido adaptados con tecnologías biodegradables, contribuyendo al desarrollo sostenible del país sin poner en riesgo empleos ni inversiones.
