Santo Domingo. – La Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) presentó una acción directa de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional de la República Dominicana, en defensa de los derechos de los familiares de pensionados y jubilados del Estado que han fallecido.
La acción legal está dirigida contra el párrafo I del artículo 6 de la Ley 379-81, que regula el régimen de pensiones civiles. Según la DIDA, esta disposición ha impedido que muchos familiares accedan a la pensión de sobrevivencia, debido a que condiciona el beneficio a una autorización previa que el pensionado debía hacer en vida.
¿Qué establece el párrafo impugnado?
El texto legal cuestionado dispone que los pensionados del Estado pueden autorizar un descuento del 2 % de su pensión mensual, con el fin de que, al momento de su fallecimiento, sus beneficiarios reciban el monto correspondiente a la pensión. Sin embargo, en los casos donde no se hizo esta autorización en vida, los familiares quedan excluidos del derecho al beneficio, aun siendo herederos legítimos.
DIDA considera esta condición inconstitucional
Para la DIDA, esta norma vulnera los derechos fundamentales de los familiares de los pensionados fallecidos, ya que los excluye por una omisión que no depende de ellos. La institución sostiene que esta condición impuesta por la ley carece de justificación constitucional y crea una situación de desigualdad ante el sistema de seguridad social.
En su solicitud ante el Tribunal Constitucional, la DIDA pide que se declare inconstitucional el referido párrafo y que se ordene al Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones del Estado reconocer y otorgar los beneficios correspondientes a los familiares que han sido afectados por esta restricción legal.
Compromiso con los derechos sociales
Con esta acción, la DIDA reitera su compromiso como ente defensor de los afiliados al Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), y como garante de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos frente a disposiciones legales que resulten discriminatorias o injustas.
