El director de la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados (DIDA), Elías Báez, afirmó que el Estado debe imponerse a los intereses económicos que inciden en el sistema para lograr una reforma efectiva de la Ley de Seguridad Social y garantizar la protección de los afiliados.
Durante una entrevista en el programa Esto no tiene nombre, el funcionario sostuvo que en el modelo actual confluyen los bancos que administran las AFP, los empresarios vinculados a las ARS, así como médicos y clínicas, sectores que —según explicó— se benefician del desorden existente.
Indicó que la normativa tiene más de dos décadas sin ser modificada y que su debilidad impide aplicar sanciones oportunas frente a las violaciones que se cometen en los servicios de salud.
Vicios y manejos irregulares en el sistema
Báez detalló que entre las prácticas más frecuentes figuran cobros fuera de contrato, exigencia de depósitos en efectivo alegando falta de autorización de las ARS, compra obligatoria de medicamentos en farmacias específicas, negación de servicios y retención de pacientes o cadáveres.
Aseguró que estos mecanismos permiten a algunos prestadores manejar flujo de caja al margen de los procesos establecidos, en perjuicio de los afiliados.
En ese sentido, explicó que la mayoría de las quejas que recibe la DIDA están vinculadas a esas irregularidades y que, tras la intervención de la institución, en muchos casos se determina que los usuarios no tenían que realizar pagos adicionales.
Aumento de las reclamaciones y dinero evitado en cobros indebidos
El director de la DIDA señaló que el incremento de las denuncias responde a que la población ahora conoce sus derechos y cuenta con mecanismos de defensa.
Solo en enero la entidad recibió 349 quejas y denuncias, evitando más de RD$10 millones en cobros ilegales, mientras que el año pasado la cifra superó los RD$100 millones, según precisó.
Asimismo, reveló que han identificado más de RD$1,000 millones en fondos de pensiones no reclamados y unas 26,000 pensiones disponibles, recursos que no eran solicitados por desconocimiento de los beneficiarios.
Llamado a voluntad política
Báez insistió en que la reforma del sistema solo será posible si existe voluntad política para legislar en favor de la mayoría sin medir el costo electoral, y advirtió que de lo contrario persistirán las distorsiones.
“El Estado está llamado a garantizar los derechos de los afiliados y debe imponerse a los intereses que se benefician del desorden”, expresó.
Servicio de defensa a los afiliados
El funcionario recordó que la DIDA ofrece asistencia las 24 horas a nivel nacional, con atención presencial en varias provincias y acompañamiento en centros de salud cuando se presentan conflictos por cobros o negación de cobertura.
