Obstáculos constitucionales
El representante de Finjus recordó que iniciativas anteriores en el Congreso intentaron introducir la castración química mediante de ley o términos como “tratamiento hormonal voluntario”. Pero han sido rechazadas por posibles violaciones a derechos fundamentales.
La Constitución protege la integridad física, psíquica y moral de toda persona, impidiendo penas o procedimientos que vulneren su salud o consentimiento.
En paralelo, Castaños Guzmán insistió en que el actual Código Penal permite imponer la pena máxima de 30 años a los imputados.
El Ministerio Público ya solicitó prisión preventiva como medida de coerción. Además, el jurista criticó la deshumanización social y la ausencia de consecuencias como factores clave detrás del aumento de estos delitos.
La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) propuso este lunes reconsiderar la implementación de la castración química para violadores sexuales, como respuesta a casos de extrema gravedad como el ocurrido en Villa González, Santiago.
Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la entidad, reconoció que históricamente han rechazado la medida, pero parecía necesario reevaluarla tras “aberraciones” como la denuncia reciente de violación grupal a una joven de 21 años.
Castaños Guzmán lamentó el impacto social del caso, comparado por la opinión pública con el escándalo de “La Manada” en España, y sostuvo que hechos de esta magnitud deben marcar a la sociedad dominicana y motivar cambios legislativos urgentes.
Obstáculos constitucionales
El representante de Finjus recordó que iniciativas anteriores en el Congreso intentaron introducir la castración química mediante de ley o términos como “tratamiento hormonal voluntario”. Pero han sido rechazadas por posibles violaciones a derechos fundamentales.
La Constitución protege la integridad física, psíquica y moral de toda persona, impidiendo penas o procedimientos que vulneren su salud o consentimiento.
En paralelo, Castaños Guzmán insistió en que el actual Código Penal permite imponer la pena máxima de 30 años a los imputados.
El Ministerio Público ya solicitó prisión preventiva como medida de coerción. Además, el jurista criticó la deshumanización social y la ausencia de consecuencias como factores clave detrás del aumento de estos delitos.
