El Código Tributario dispone la indexación anual del límite de los salarios exentos del impuesto sobre la renta, protegiendo a los trabajadores públicos y privados. Pero la misma no se cumple desde el 2017 gravando a más de 924,956 afiliados de ingresos medios. Y para legalizar esta injusticia, su vigencia se deroga año tras año.
En el 2026, esta maniobra a los trabajadores les costará 13,764.3 millones de pesos en impuestos inmerecidos y sin ninguna garantía de retorno en servicios públicos eficientes. A esta merma millonaria se agregan otros 40,000 millones por el gasto familiar de bolsillo de este grupo, comprimiendo aún más el presupuesto familiar de la clase media.
El senador Omar Fernández exigió al Gobierno cumplir con el Código Tributario ajustando la escala salarial exenta del Impuesto sobre la Renta. Esta práctica ilegal e injusta constituye un castigo fiscal mantenido durante 10 años consecutivos.
Según el Consejo Regional Empresarial y Social (CRES) el límite de exención actual debería ser de 52,151 pesos, mientras permanece congelado en 34,685, con una diferencia de 17,466 pesos. Entre diciembre de 2017 y septiembre de 2025 la inflación acumulada fue del 41.34%.
El presidente Luis Abinader, reconoce que la indexación salarial que manda el Código Tributario es una medida “justa y necesaria”, pero advirtió que su aplicación disminuiría los ingresos del Gobierno, obligando a reducir áreas sensibles por su impacto social. “El Gobierno analiza cómo aplicar la indexación de la manera más equilibrada posible, que no comprometa el equilibrio presupuestario”.
Según el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, la indexación salarial disminuiría las recaudaciones en unos 25,000 millones anuales, «si se hace de golpe”. Reiteró que el Gobierno está dispuesto a evaluar alternativas, siempre que no comprometan la estabilidad fiscal y que se aplique «de manera gradual».
El economista Nelson Suárez cuestionó la exageración oficial sobre el impacto de la indexación, señalando que la reducción del impuesto solo sería de 13,764.3 millones y que en parte la misma sería compensada con los impuestos adicionales a consecuencia de un mayor consumo de los asalariados privados y públicos.
El costo de la renuncia de una reforma fiscal integral no puede recaer sobre la economía de los trabajadores porque carecen de capacidad de presión y de influencia política
Señaló el hecho de que mientras se les congela el límite de exención a los asalariados, cada año se aplican ajustes por inflación, tasa cambiaria y valoración de activos a las empresas y corporaciones exentas.
Una práctica que mantiene a los asalariados en franca desventaja y que amplía la brecha de desigualdad en la distribución del ingreso y de la riqueza nacional.
“El Gobierno no tiene ninguna excusa válida para mantener una situación que perjudica a los asalariados frente a su contraparte del sector empresarial. Si se mantiene la suspensión del ajuste por inflación para los asalariados, cada aumento de sueldo que se aplique resultará en un impuesto fiscal mayor para los trabajadores”.
Esta política inequitativa y concentradora del ingreso también empobrece a casi 200,000 pensionados cuyos ingresos, además de insuficientes, se han devaluado durante más de una década sin actualizar su poder adquisitivo. Por derecho y justicia, los envejecientes también demandan de las autoridades un reajuste que lleve alivio para salir de la pobreza extrema.
Estamos ante un doble rasero: denegación de derechos para la gran mayoría y mantenimiento de privilegios para las minorías. Esta situación parcializada genera impotencia y resentimientos de la gente común que, al ser recurrente, fomentan la pérdida de esperanzas y de respeto a las instituciones y a los valores democráticos, erosionando la gobernanza.
Se trata de una situación insostenible, de una práctica que discrimina a la mayoría y perpetúa beneficios y privilegios a los grupos y sectores más influyentes. El gobierno del cambio no puede cargar con esa injusticia. El país espera que el presidente Luis Abinader impulse una reforma fiscal integral que elimine privilegios, fomente la equidad y atienda estos justos reclamos de los trabajadores y pensionados.
Por: Arismendi Díaz Santana
