La Junta Central Electoral (JCE) depositó un proyecto de ley en el que propone requisitos para aceptar a los candidatos independientes en los comicios del país tras una polémica sentencia del Tribunal Constitucional.
En uno de los artículos del proyecto de ley para asociaciones cívicas constituidas para la postulación de candidaturas independientes, la Junta establece que si un aspirante independiente quiere participar en las elecciones del 2028 para el nivel presidencial, debe presentar un respaldo con firmas de al menos el 2 % del padrón electoral nacional.
De acuerdo con los datos de la JCE, el padrón electoral nacional para las elecciones del 2024 fue de 8,145,548 votantes, por lo que el 2 % de esa cantidad se ubicaría en 162,910 votantes.
Sin embargo, la cantidad podría ser mucho mayor, ya que el mismo artículo del proyecto de ley dispone que para el nivel presidencial, los candidatos independientes también deberán buscar el 2 % de las firmas del padrón electoral de cada provincia.
Para las senadurías, los aspirantes independientes deberán buscar el 2% de las firmas en cada provincia, para el nivel de diputaciones se requiere la misma cantidad por circunscripción correspondiente y para las alcaldías y regidurías se exige el mismo porcentaje por cada municipio.
«¿Cómo se buscarán las firmas?
El artículo 21 del proyecto de ley establece que la JCE pondrá a disposición de los candidatos independientes una aplicación móvil para recolectar las firmas de manera digital.
Una vez recolectadas todas las firmas, los candidatos independientes deberán depositarlas en la Junta, pero para ser aceptadas deben cumplir con rigores como la desvinculación de los firmantes en cualquier organización política y la imposibilidad de que una misma persona respalde varias candidaturas independientes.
Durante la recolección de las firmas, el aspirante desligado de partidos debe presentar informes periódicos sobre los ingresos y gastos relacionados con el proceso.
Va a la Cámara
El proyecto de ley de las candidaturas independientes ya se encuentra en la agenda de la Cámara de Diputados para su estudio en una comisión tras una polémica sentencia que emitió el Tribunal Constitucional en diciembre del 2024.
En ese sentido, se abren las puertas para que los ciudadanos vayan a elecciones sin el aval de un partido.
