La ley que crea la Dirección Nacional de Inteligencia en República Dominicana puede tener consecuencias «negativas para la confidencialidad de las fuentes y el derecho a la privacidad», con los consiguientes riesgos para las libertades de prensa y de expresión, según la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
En el informe publicado este viernes por la SIP con motivo de su Reunión de Medio Año, se indica que la Ley 1-24, aprobada en diciembre y en cuya reforma se está trabajando, contiene artículos que abren el camino a restricciones, a juicio de la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD), organizaciones de la sociedad, especialistas en derecho y la Iglesia católica.
El texto señala que el artículo 11 es el más controvertido, dado que faculta a la DNI a obligar a instituciones privadas o personas físicas a que entreguen toda la información que se les requiera, lo cual se interpreta como elemento coercitivo de derechos fundamentales y cortapisa a la libertad de prensa.
Tras las críticas recibidas, el presidente dominicano, Luis Abinader, instruyó que una comisión intersectorial, en la que está incluida la Sociedad Dominicana de Diarios y cuyo trabajo no ha terminado, «revise la ley y proponga salvaguardas», por lo que se trabaja en «la reforma del texto y aún se procura el consenso entre el sector oficial, la SDD y otras organizaciones convocadas al diálogo y que objetaron la ley, debido a sus ambigüedades y sus violaciones a las normas constitucionales», agrega.
Además, se esperan los fallos del Tribunal Constitucional sobre los recursos de inconstitucionalidad presentados, mientras en el Congreso hay algunos anteproyectos planteados por distintas organizaciones para modificar la ley.
