Representantes de dos decenas de países emitieron hoy una declaración conjunta en el Salón de Embajadores del Palacio Nacional, en la que solicitan al Gobierno de Venezuela que respete la Convención de Caracas y los derechos, mediante un salvoconducto, de quienes están asilados en la embajada de Argentina en ese país.
Los gobiernos extranjeros que participaron en la toma de posesión del presidente Luis Abinader abogaron por una solución genuinamente venezolana, en la que prevalezcan la democracia, la justicia y la paz, a la actual crisis post electoral.
En la declaración conjunta estuvo presente el presidente dominicano Luis Abinader y el ministro de relaciones exteriores, Roberto Álvarez, quien leyó la declaración. Los firmantes solicitaron la inmediata publicación de todas las actas originales y la verificación imparcial de los resultados de las elecciones del 28 de julio, quizás por una entidad internacional.
Abogaron por una solución genuinamente venezolana, en la que prevalezcan la democracia, la justicia y la paz, a la actual crisis post electoral.
Dentro de los países firmantes de la declaración estuvieron: Argentina, Canadá, Chile, República Checa, Costa Rica, Ecuador, España, Estados Unidos, El Salvador, Guatemala, Guyana, Italia, Marruecos, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Reino Unido, Suriname, República Portuguesa, Uruguay y la Unión Europea.
A continuación la declaración integra:
Declaración conjunta sobre Venezuela
Hoy
Los países abajo firmantes, reunidos en Santo Domingo de Guzmán, hacemos un firme llamado a la sensatez y la cordura en Venezuela. En este momento crucial para Venezuela y la región, todos los actores sociales y políticos deben ejercer la máxima mesura en sus actuaciones públicas.
La aceptación y el respeto a la dignidad e integridad de todas las personas son los principios esenciales sobre los que se erige la convivencia entre nuestras naciones. Urgimos a que se respeten los principios democráticos, así como los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los venezolanos y, en particular en el derecho a manifestarse pacíficamente y a ejercer la libertad de expresión. Vemos con preocupación que esta no es la realidad actual en Venezuela. Las denuncias de detenciones arbitrarias de venezolanos sin el debido proceso son alarmantes, por lo que requerimos su inmediata liberación.
Expresamos nuestro profundo rechazo por la represión a manifestantes y por la violencia que ha costado la vida de muchos venezolanos en el contexto postelectoral. Hacemos un llamado urgente para que las autoridades venezolanas pongan fin a la violencia y liberen a todos aquellos que han sido detenidos, incluidos representantes de la oposición.
Solicitamos, además, que se permita el urgente regreso a Venezuela de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y hacemos un llamado a Venezuela a garantizar las condiciones adecuadas para que pueda desempeñar plenamente su mandato.
Asimismo, requerimos a Venezuela que, como Estado parte de la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático de 1954, cumpla con sus previsiones y expida los salvoconductos que permitan a las seis personas asiladas que permanecen en la residencia oficial de la República Argentina, retirarse de forma segura del territorio venezolano.
Tomamos nota del informe preliminar del Panel de Expertos de Naciones Unidas sobre las elecciones presidenciales de Venezuela en el que se señala que el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela aún no ha presentado las actas electorales que sustenten la veracidad de los resultados anunciados el 2 de agosto. Tomamos nota asimismo de que ha sido publicada una versión digital de más del 80% de las actas electorales, que arrojan un resultado distinto al publicado por el CNE.
En consecuencia, solicitamos la inmediata publicación de todas las actas originales y la verificación imparcial e independiente de esos resultados, preferiblemente por una entidad internacional, para garantizar el respeto a la voluntad del pueblo venezolano expresada en las urnas. Toda demora en que esto suceda pone en cuestión los resultados publicados oficialmente el pasado 2 de agosto de 2024.
Nuestras naciones han apelado al diálogo y al entendimiento para resolver graves conflictos en el pasado. Hoy, más que nunca, Venezuela debe honrar ese legado para recuperar la convivencia pacífica, la seguridad pública y la estabilidad política que, de acuerdo con informes de la Misión Internacional Independiente de determinación de hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, están siendo amenazadas por las propias autoridades de seguridad venezolanas.
El momento exige un diálogo amplio, inclusivo y de buena fe para facilitar un acuerdo político que auspicie la reconciliación nacional, la paz, la seguridad pública y la democracia en Venezuela.
Nos comprometemos a apoyar todos los esfuerzos en ese sentido, abogando siempre por una solución genuinamente venezolana en la que prevalezcan la democracia, la justicia, la paz y la seguridad.
Países signatarios por orden alfabético.
República de Argentina, Canadá, República de Chile, República Checa, República de Costa Rica, República del Ecuador, Reino de España, Estados Unidos de América, República de Guatemala, República Cooperativa de Guyana, República Italiana, Reino de Marruecos, Reino de los Países Bajos, Reino Unido, República de Panamá, República del Paraguay, República del Perú, República Portuguesa, República Dominicana, República de Surinam, República Oriental del Uruguay, Unión Europea.
