La Sociedad Dominicana de Diarios expresó su preocupación y rechazo a la reciente “Política de Protección de Datos del Poder Judicial”, emitida por la Suprema Corte de Justicia. Según la entidad que reúne a los principales medios impresos de República Dominicana, esta política intenta imponer restricciones unilaterales que contravienen preceptos constitucionales y legales relacionados con el derecho de los ciudadanos al acceso a la información sobre procesos judiciales.
En un comunicado oficial, la Sociedad Dominicana de Diarios denunció que la medida fomenta la opacidad en el sistema judicial, otorgando un exceso de discrecionalidad a las autoridades para ocultar datos clave, lo cual afectaría la transparencia y el ejercicio de las libertades públicas. Esto, según la entidad, dificultaría el acceso a fuentes públicas y privadas de interés colectivo, afectando principalmente el trabajo de la prensa en su labor de informar al público.
La Suprema Corte de Justicia ha fundamentado esta política en una interpretación errónea de diversas normativas que no aplican a los procesos judiciales, lo que, según la Sociedad Dominicana de Diarios, contradice las disposiciones legales que respaldan el acceso a los expedientes judiciales. En este sentido, la organización recordó que el artículo 69 de la Constitución establece que toda persona tiene derecho a un juicio público, oral y contradictorio, con pleno respeto a su derecho de defensa.
Asimismo, la Sociedad argumentó que la política propuesta por la Suprema Corte se basa en una interpretación incorrecta de la Ley número 172-13, sobre la protección de datos personales. La ley, que establece medidas para proteger la privacidad y el honor de las personas, también garantiza el acceso a la información en conformidad con el artículo 44 de la Constitución. En particular, el artículo 1 de la ley señala que no se afectarán las fuentes de información periodísticas, y el artículo 4 estipula que la protección de datos no aplica a archivos de organismos encargados de la prevención, persecución y castigo de delitos.
Otro aspecto que la Sociedad Dominicana de Diarios señala como problemático es que la política contradice el párrafo II del artículo 42 de la Ley núm. 2-23, sobre Recurso de Casación, que establece que las sentencias de la Corte de Casación deben ser publicadas íntegramente en el Boletín Judicial, tanto en formato impreso como digital.
“La Sociedad Dominicana de Diarios se opone categóricamente a las internaciones de la Suprema Corte de Justicia de restringir el acceso de la prensa a la información pública y reafirma su compromiso de luchar para que esta política sea revocada en su totalidad”, concluye el enunciado, al tiempo que acoge el llamado al diálogo realizado por el presidente del máximo órgano de justicia, mediante su misiva del 19 de noviembre de 2024.
La decisión de la Suprema Corte
El pasado 14 de noviembre el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, dio a conocer en un acto la puesta en marcha de su Política de Protección de Datos, por lo que desde ese momento la publicación de sentencias y otros documentos por parte de ese tribunal, así como de todos de los tribunales de la República, debían proteger informaciones de carácter personal, prescindibles en las decisiones jurisdiccionales.
Molina sostuvo que la implementación de esa política es fundamental para garantizar que la innovación y la digitalización no se conviertan en amenazas para los derechos fundamentales de las personas, sino en herramientas que refuercen el Estado de Derecho.
