Apoyamos la propuesta de la SISALRIL de establecer una cápita mensual diferenciada por edad y sexo, como lo establece la Ley 87-01 y porque es más justa y equitativa. Favorecemos una solución integral con aplicación gradual programada para garantizar los derechos y la libre elección de los afiliados
La Ley 87-01 dispone el establecimiento de la cápita diferenciada por riesgo (edad, sexo y vulnerabilidad), en interés de una asignación de los recursos más racional y equitativa, a fin de asegurar una atención adecuada y oportuna a todos los afiliados de edad avanzada y en situación vulnerable de salud.
La lógica es asignar los recursos de acuerdo a la demanda regular de los diferentes segmentos de afiliados, según la edad y el sexo. A pesar de las resistencias de las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) con baja afiliación de envejecientes, la propuesta de SISALRIL de una cápita diferenciada en función del riesgo ha logrado gran aceptación.
De acuerdo a la misma, las ARS con una mayor proporción de afiliados de la tercera edad recibirán una cápita mayor, para compensar la creciente demanda de servicios de salud cada vez más costosos. Por ejemplo, mientras los afiliados a la ARS Dr. Yunén mayores de 55 años apenas equivalen al 8.0%, en el SENASA representan el 15.4%, prácticamente el doble; sin embargo, recibiendo la misma cápita.
Este cambio beneficiará al SENASA con ingresos adicionales de unos 1,218.3 millones de pesos, al pasar de 33,950.5 millones a 35,168.8 millones al año. También a las ARS Primera, Mapfre, Universal, Reservas, del Banco Central y al SEMMA, porque son las ARS que concentran la mayor proporción de afiliados envejecientes, quienes demandan más servicios especializados y más medicamentos costosos.
Obviamente, reducirá la cápita de las ARS más pequeñas, las cuales durante casi dos décadas han recibido la misma cápita, a pesar de tener un porcentaje menor de mayores de 55 años. Por ejemplo, de acuerdo a los cálculos preliminares, la cápita total de ARS Futuro se reducirá en unos 1,277.6 millones, al bajar de 5,884.6 a 4,607 millones al año.
Por una solución integral con una aplicación gradual programada
La Asociación de Igualas Médicas y Administradoras de Riesgos de Salud (ADIMARS), que agrupa a cinco ARS medianas y pequeñas con menos afiliados envejecientes, ya reconoce la diversidad de los perfiles de riesgo de la población y favorece “un proceso gradual de ajuste de la cápita para contribuir a una mayor estabilidad financiera del sistema”.
Propone iniciar el desmonte mediante la aprobación de una cápita diferenciada parcial aplicable a los afiliados mayores de 55 años a partir de la actualización del monto de la cápita de acuerdo a la inflación. Argumenta que la misma “garantiza que las decisiones se tomen sobre bases técnicas sólidas, respondiendo a criterios sostenibles, evaluando en conjunto su impacto y la viabilidad, a fin de contar con el respaldo interinstitucional de todos”.
ADIMARS asume un aumento de la cápita mensual de 118.00 pesos, de los cuales 35.42 pesos se agregarían a la cápita actual de 1,683.22 para elevarla a 1,718.64, un aumento uniforme que se aplicaría a todos los afiliados. En adición, a esa nueva cápita general se le agregarían unos 631.89 pesos para totalizar 2,350.13, que sería la cápita para los afiliados mayores de 55 años.
Según señalan, esta medida “introduciría una primera clasificación de riesgo etario, que sentaría las bases para incorporar, en futuras etapas, otros factores como las enfermedades crónicas (hipertensión, diabetes, entre otras) que impactan directamente en el costo medio de los servicios prestados a los afiliados”.
El mayor mérito de esta propuesta es que acepta la necesidad de un cambio en la asignación de la cápita. Su contenido técnico resulta interesante y podría ser un punto de partida para una solución integral, gradual y equitativa, reduciendo las incertidumbres y resistencias. En este caso, lo más importante es la finalidad y la direccionalidad del cambio.
Apoyamos totalmente a la SISALRIL en esta iniciativa y en cualquier otra que tenga como objetivo elevar los servicios, mejorar la calidad y garantizar los derechos de la población. Una solución integral de aplicación gradual daría tiempo a las ARS a realizar los ajustes necesarios, evitando cualquier tendencia monopolística que restrinja los derechos y la libre elección de los afiliados.
Por: Arismendi Díaz Santana
