Esa afirmación es sólo un síntoma de una verdad muy profunda e incómoda. Desnuda las ancestrales deficiencias de los servicios públicos, rechazados hasta por las familias más pobres y vulnerables. La Ley 87-01 dispuso reformas estructurales para elevar la eficiencia pública, las cuales han sido permanentemente bloqueadas por el CMD con el silencio de la Coalición. ¿Cómo justificar una estatización total de la salud si la destrucción de lo público proviene del propio Estado?
“La transferencia del SENASA al sector privado es una violación fragrante de la ley”.
No se trata de transferencias sino de pagos por los servicios prestados. La Ley 87-01 no asigna los recursos directamente a las PSS (hospitales, clínicas, médicos) porque ello no garantiza servicios de calidad a los afiliados . La real violación consiste en la entrega directa de los recursos a la red pública fomentando el ausentismo y el clientelismo.
“El SENASA incurre en un drenaje ilegal transfiriendo recursos públicos al sector privado”.
El SFS obliga al SENASA a pagar a las PSS de acuerdo a las preferencias de sus afiliados. Es al revés: la desarticulación de lo público obliga a los afiliados a acudir a lo privado. La privatización se inició hace 60 años y es mucho más vieja que la Ley de Seguridad Social. Las deficiencias públicas no provienen del SENASA sino de la red pública a cargo del Servicio Nacional de Salud (SNS).
“No hay salud ni seguridad social sin un fundamento estrictamente público”.
La salud es tan vital que no permite prejuicios. Las familias necesitan soluciones reales, sean públicas o privadas. Prefieren la pública solo cuando reciben atención oportuna y de calidad. Toda demanda privada más costosa desnuda las ineficiencias públicas de un servicio vital.
“Ustedes no promueven cambios estructurales, sólo remiendos a un sistema que es un negocio”.
Solo proponemos cambios posibles, viables, graduales y sostenibles*. Las soluciones radicales presuponen revoluciones radicales. El todo o nada no tiene aceptación popular porque termina perpetuando el statu quo, eliminando la posibilidad de avances graduales.
SUEÑAN CON CONSERVAR Y FORTALECER A UN SISTEMA CENTRALIZADO Y BUROCRÁTICO PARA CONTINUAR MULTIPLICANDO LAS NÓMINAS SUPERNUMERARIAS, SIN ASEGURAR SERVICIOS ACEPTABLES POR LOS AFILIADOS.
“¿Por qué sectores importantes como los fiscales están armando su propio sistema?”
Porque un sistema de reparto propio les asegura pensiones privilegiadas hasta tres veces superiores a la acumulación de sus aportes, las cuales terminan siendo pagadas por el pobre pueblo excluido, profundizando las desigualdades sociales. Así lo disfrutan la UASD, el CMD, el INABIMA, el Congreso y el Poder Judicial. entre otros.
“La mayoría de la gente de la calle prefiere un sistema de pensiones de reparto”.
Si, hasta que le expliquen que es el propio contribuyente quien paga todos esos excesos y privilegios. Hasta cuando comprenda que se trata de un sistema insostenible, piramidal, y que las transformaciones demográficas y tecnológicas reducen en forma sostenida la cantidad de cotizantes por pensionado. Y más ahora con la inteligencia artificial. En materia científica, los argumentos populistas acusan falta de fundamentos.
“¿Acaso el hecho probado de que la mayoría “se inclina” por el servicio privado constituye garantía de un servicio asequible y de calidad?”
Desde luego que no. Debe quedar bien claro que, en general, la atención privada no es óptima, ni nada parecido, solamente es más oportuna, confiable y personalizada que la pública
Ciertamente existen distorsiones, privilegios, ganancias excesivas, retenciones y rechazos que empobrecen a los afiliados. ¿Pero por qué descartar la demanda de cambios graduales que corrijan estas distorsiones? ¿Por qué condenar a quienes proponemos soluciones más sensatas, viables y sostenibles para mejorar la suerte de 10 millones de dominicanos?
Se propone eliminar las administradoras de riesgo de salud (ARS) no necesariamente porque sean privadas, sino porque *exigen disciplina y el cumplimiento de los protocolos, y además, porque controlan los fraudes crecientes, la sobre facturación y las prescripciones de análisis, estudios y medicamentos innecesarios
