Higüey, La Altagracia. – La vicepresidenta de la República Raquel Peña, aseguró que el presidente Luis Abinader formó una mesa para revisar la ley que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), la cual ha generado controversia porque algunos dicen que sus artículos violan la privacidad de los ciudadanos.
En este tenor la funcionaria expresó, «ya el presidente dijo que se formó una mesa y se va a revisar todo eso».
Estás palabras fueron ofrecidas luego de culminar la misa de conmemoración del Día de la Virgen de La Altagracia en la basílica de Higüey, en la provincia que lleva el nombre de la protectora del pueblo católico.
Al salir del templo, Peña dijo que la República Dominicana es un pueblo de fe, razón por la que ella y el presidente piden fe para salir a delante en cuanto a las decisiones que tomen.
Artículos conflictivos de la promulgada ley que crea el DNI
Tres artículos de la recién promulgada ley que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) mantienen preocupados a diversos sectores de la sociedad civil que ven en la pieza legislativa una amenaza directa contra la libertad de prensa, el derecho a la privacidad y el secreto profesional.
Se trata de los artículos 9, 11 y 26 de la ley 1-24, los cuales abordan aspectos relativos a la obligatoriedad que tiene toda persona a suministrar información a la DNI, siempre que se considere oportuno.
En concreto, el artículo 9, numeral uno, establece que la DNI puede investigar “cualquier actividad llevada a cabo por personas, grupos o asociaciones, que atente contra los intereses u objetivos nacionales, las instituciones del Estado, subvierta el estado de derecho, ponga en riesgo la seguridad nacional e interior, o trate de establecer una forma de gobierno contraria al ordenamiento constitucional.
En las discusiones de la ley que crea el DNI entra el artículo 11
A las discusiones sobre la ley entra el artículo 11, el cual obliga a “las dependencias del Estado, instituciones privadas o personas físicas, sin perjuicio de las formalidades legales para la protección y garantía del derecho a la intimidad y el honor personal a entregarle a la Dirección General de Inteligencia” todas las informaciones que esta requiera para resguardar la seguridad nacional.
Mientras que, el artículo 26 de la ley 1-24 establece sanciones penales. Tales como prisión menor de dos a tres años y multas desde nueve a quince salarios mínimos del sector público. Esto, contra quienes “oculten informaciones” requeridas por la DNI.
Los citados artículos están colocados en tela de juicio por entidades como la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus). También se suman la Sociedad Dominicana de Diarios y el Frente Amplio de Lucha Popular. Asimismo, sobre el tema, opinan líderes religiosos que ven en la alianza una amenaza directa contra el secreto profesional y la libertad de prensa.
