Uno de los acuerdos alcanzados en el “Diálogo sobre la Crisis Haitiana y sus implicaciones en RD” es la creación del Observatorio Nacional de Migración Laboral, concebido para monitorear la inserción laboral y el cumplimiento de las normas.
Así lo establece el informe final entregado por el Consejo Económico y Social (CES), en cuya elaboración participaron representantes de distintos sectores nacionales.
El documento a que tuvo acceso LISTÍN DIARIO precisa que el observatorio funcionará en coordinación con el Ministerio de Trabajo, la Dirección General de Migración (DGM), el Instituto Nacional de Migración, el Ministerio de Relaciones Exteriores y universidades del país, aunque no detalla cuáles.
El texto explica que esta medida forma parte del fortalecimiento de la institucionalidad laboral, al recalcar que el Ministerio de Trabajo es el órgano rector de la política laboral y garante del cumplimiento de las leyes, aunque requiere mayores capacidades técnicas y operativas.
En ese marco, se acordó fortalecer la Dirección General de Empleo, el Servicio Nacional de Empleo (Senae) y el Servicio de Inspección de Trabajo, dotándolos de recursos para mejorar la fiscalización y la resolución de conflictos.
En lo relativo al registro y formalización de la mano de obra migrante, el informe propone mecanismos efectivos de identificación laboral que se desarrollen dentro de la legalidad, con el objetivo de “garantizar seguridad jurídica tanto para empleadores como para trabajadores”.
También se establece la aplicación estricta de la Ley 87-01 sobre Seguridad Social y el fortalecimiento de los mecanismos que aseguren el cumplimiento de la Ley de Migración 285-04 y su Reglamento 631-11. “La informalidad laboral está estrechamente ligada a la irregularidad migratoria”, advierte el texto.
Integración al sistema bancario
El documento introduce una novedad en materia de inclusión financiera, al explicar que los trabajadores migrantes contratados legalmente podrán acceder a servicios bancarios.
“Evaluar facilidades de apertura de cuentas de nómina a trabajadores migrantes en condiciones formales”, señala el informe.
Además, se dispone aplicar con firmeza las sanciones por contratación irregular de migrantes, con incentivos para la formalización, e incorporar tecnologías de última generación para vigilar la contratación y el cumplimiento de las disposiciones laborales y migratorias, protegiendo la confidencialidad de los datos.
Para ello, se plantea reforzar la inspección del Ministerio de Trabajo, con un aumento de inspectores y mayor atención a los sectores de riesgo, aunque el informe no precisa el alcance de esta medida.
Información y formación laboral
El informe plantea la creación de un sistema nacional de información y monitoreo de la oferta y la demanda de trabajo, liderado por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) junto al Ministerio de Trabajo.
Según el documento, esta herramienta permitirá disponer de estadísticas actualizadas para orientar la planificación laboral y evitar improvisaciones en la contratación.
También se propone ajustar la formación técnica a las necesidades reales del mercado en coordinación con el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep) universidades y sectores productivos. La propuesta incluye programas de corta duración en áreas de alta demanda, con el propósito de facilitar la inserción de trabajadores dominicanos en sectores como la agropecuaria, la construcción y los servicios, donde la mano de obra migrante es predominante.
El texto resalta además el apoyo a las Mipymes mediante créditos preferenciales, cofinanciamiento de proyectos de innovación tecnológica y acompañamiento técnico. Estas medidas procuran elevar la productividad, formalizar empleos y disminuir la dependencia de mano de obra migrante informal.
Entre las propuestas figura un programa nacional de mecanización agropecuaria, respaldado con financiamiento y asistencia técnica, así como la creación de centros regionales de innovación agrícola y fondos de inversión territorial, orientados a incorporar más trabajadores nacionales en zonas de alta concentración de migrantes.
Otros ámbitos
En materia de migración, el documento subraya la necesidad de reforzar el control fronterizo y la gestión de los flujos mediante un sistema de registro biométrico unificado que articule a la DGM, la Junta Central Electoral (JCE) y el Ministerio de Salud Pública.
Asimismo También propone la creación de unidades jurídicas especializadas en el Ministerio Público y en la DGM para investigar casos de tráfico ilegal y trata de personas, además de un Programa Nacional de Mecanización Agrícola para reducir la dependencia del campo dominicano de la mano de obra migrante.
Todas estas medidas se enmarcan, según el informe del CES, en un equilibrio entre la aplicación estricta de la ley y el respeto a la dignidad humana.
En el terreno del Comercio bilateral, el informe reconoce que la frontera no puede seguir operando bajo altos niveles de informalidad. Por ello, se destacan acciones como la construcción de la carretera internacional que conecte las provincias fronterizas, la incorporación de corredores sanitarios exclusivos para mercancías perecederas y la creación de esquemas de simplificación tributaria adaptados a la realidad local.
Además, se plantea la puesta en marcha de ventanillas únicas móviles para agilizar trámites aduaneros y la evaluación de un fondo de garantía que facilite crédito a pequeños negocios. Según el informe, estas medidas buscan transformar la frontera en un espacio de oportunidades sostenibles.
En cuanto a Seguridad nacional, el documento advierte que la crisis haitiana ha incrementado la presión sobre el territorio dominicano, generando riesgos vinculados a la migración irregular, el contrabando y el crimen organizado. Como respuesta, se acuerda completar la verja fronteriza en su dimensión física y tecnológica, con un presupuesto especializado para la zona.
También se propone la creación de un Centro Nacional de Coordinación de Seguridad Fronteriza e Inteligencia, así como el diseño de un “Muro Energético” para blindar la infraestructura energética en la frontera y protocolos de continuidad operacional para instalaciones críticas. Todas estas acciones, señala el informe, deben regirse por los principios de defensa de la soberanía, proporcionalidad y respeto a los derechos humanos.
En el ámbito de desarrollo de comunidades fronterizas, el documento señala que esta región del país concentra graves déficits de servicios básicos y oportunidades de empleo, lo que ha provocado despoblamiento y vulnerabilidad social. Al respecto, se propone un programa integral de infraestructura y servicios esenciales que abarque agua potable, saneamiento, electricidad, conectividad digital y vivienda.
Asimismo, se plantea transformar liceos en politécnicos, instalar extensiones universitarias y ofrecer becas y residencias estudiantiles a jóvenes de comunidades apartadas. En el plano económico, el informe recomienda la creación de zonas económicas especiales y microparques industriales, junto al fortalecimiento de cooperativas y MIPYMES, con un modelo de gobernanza participativa y alianzas público-privadas.
Sobre las relaciones internacionales, estima que la crisis haitiana constituye una amenaza directa para la estabilidad dominicana y regional, por lo que la política exterior debe asumir una postura firme y coordinada. Entre las medidas propuestas, figura la activación de una estrategia diplomática en foros como la ONU, OEA, CELAC y CARICOM para posicionar el tema haitiano como una prioridad hemisférica, así como insistir en el apoyo a la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS).
Se sugiere un plan hemisférico de reconstrucción y estabilización de Haití con componentes de seguridad, fortalecimiento institucional, impulso económico y servicios sociales. El informe propone, además, robustecer la profesionalización del servicio exterior dominicano y crear un Consejo Binacional de Innovación Social con la participación de organizaciones dominicanas y haitianas.
Mecanismo de seguimiento
El informe sugiere que el Poder Ejecutivo considere la creación de una Comisión de Veeduría, integrada por representantes de los tres sectores del CES, empresarial, laboral y social, además de otros que el Gobierno estime pertinentes. Esta comisión tendría como misión evaluar avances, identificar obstáculos y formular recomendaciones.
Se plantea la necesidad de una estrategia de comunicación pública clara y proactiva, que brinde información oportuna y fortalezca la confianza ciudadana en los acuerdos alcanzados.
El documento califica este proceso como un “esfuerzo sin precedentes” en la historia reciente del país, al reunir en la misma mesa al presidente Luis Abinader, a los expresidentes Danilo Medina, Leonel Fernández e Hipólito Mejía, junto a los sectores empresariales, laborales y sociales representados en el CES.
“Lo que aquí se recoge no es la voz exclusiva de quienes firmamos, sino la expresión de un país que, en su diversidad, ha sido capaz de sentarse en la misma mesa para construir soluciones comunes”, señala el texto.
El informe puntualiza que estos acuerdos “no son un punto de llegada, sino un punto de partida” y constituyen una hoja de ruta para preservar la soberanía nacional, fortalecer el Estado de derecho y responder con cohesión a los desafíos de la coyuntura.
Destaca, además, que su implementación exigirá liderazgo político, coordinación interinstitucional, recursos adecuados y vigilancia activa de la sociedad.
En ese sentido, el texto convoca a la ciudadanía en su conjunto a participar activamente en este esfuerzo, subrayando que son responsabilidades compartidas la defensa de la soberanía, la protección de los derechos y el impulso al desarrollo.
