SANTO DOMINGO. – El Congreso Nacional, representado por los presidentes del Senado de la República, Ricardo de los Santos, y de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, recibió este martes dos iniciativas legislativas sometidas por el Poder Ejecutivo orientadas al fortalecimiento institucional, la transparencia gubernamental y la modernización del ordenamiento jurídico nacional.
Los proyectos fueron entregados por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Subero Isa, acompañado de la directora general de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), Milagros Ortiz Bosch.
La primera iniciativa propone la creación de la Dirección General de Integridad, Transparencia y Ética Gubernamental (DIGITEG), entidad autónoma y descentralizada que sustituirá a la actual Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), con el propósito de consolidar un nuevo modelo institucional para dirigir el Sistema Nacional de Transparencia e Integridad Pública.
El proyecto busca fortalecer las políticas de ética pública, prevención de la corrupción, acceso a la información, gobierno abierto y protección de datos personales, otorgando a la nueva entidad independencia administrativa, funcional, financiera, organizativa y técnica.
Durante la presentación, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Subero Isa destacó la importancia de la ética y la integridad como pilares esenciales para el fortalecimiento democrático y la gestión pública.
“Tengo el honor de depositar en manos del Congreso Nacional, en esta ocasión lo vamos a hacer vía el Senado, un proyecto de ley sobre la Ética y la Integridad Institucional, una idea de la directora de Ética e Integridad Gubernamental, la doctora Milagros Ortiz Bosch. Sin ética no hay forma de que tengamos un buen comportamiento y el país necesita de buenos ciudadanos; no hay buenos ciudadanos si no tenemos un buen comportamiento frente al poder. Todo eso va ligado con la transparencia”, expresó Subero Isa.
Asimismo, resaltó que la iniciativa impulsada por Milagros Ortiz Bosch contribuirá a consolidar una cultura de integridad en todas las instituciones públicas.
La propuesta establece facultades para recibir denuncias, realizar investigaciones sobre posibles incumplimientos administrativos o faltas éticas y coordinar acciones de integridad dentro de los organismos estatales. Además, contempla la creación de Comisiones de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo, la obligación de funcionarios y servidores públicos de presentar declaraciones de conflictos de intereses y un régimen de sanciones administrativas que incluye amonestaciones, suspensión, multas, destitución e inhabilitación temporal para ocupar cargos públicos.
De su lado, Milagros Ortiz Bosch explicó que el proyecto fortalece los mecanismos institucionales para garantizar el acceso ciudadano a la información pública, promover la transparencia y prevenir la corrupción.
“La transparencia reside en una ley fundamental: la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, que tiene dos pilares; el derecho del ciudadano a pedir información y la obligación del gobierno a entregarla”, manifestó.
La funcionaria indicó que la iniciativa amplía las capacidades de la institución y crea el Sistema Nacional de Integridad y Transparencia, permitiendo articular políticas públicas y acciones coordinadas entre las entidades del Estado para fortalecer la democracia, la rendición de cuentas y la confianza ciudadana.
Ortiz Bosch destacó además que la propuesta incorpora la protección de denunciantes y de datos personales, así como compromisos internacionales asumidos por la República Dominicana en materia de transparencia, integridad y lucha contra la corrupción.
Durante la actividad también fue depositado un proyecto de ley que modifica el artículo 1 del Código Civil Dominicano, iniciativa sometida por el presidente de la República, Luis Abinader, a través de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo.
La propuesta procura igualar el plazo para la entrada en vigencia de las leyes en el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, al considerar que ambas demarcaciones funcionan actualmente como una misma zona de interacción económica, educativa, laboral y social.
Al explicar la iniciativa, Subero Isa indicó que la disposición vigente responde a una realidad territorial ya superada y que mantener una diferencia de tiempo para la aplicación de las leyes genera desigualdad y afecta la seguridad jurídica de los ciudadanos.
