El director general de Promipyme sostuvo que la comunicación política dirigida al sector debe abandonar los mensajes generalistas y permitir que cada empresario pueda vincular una mejora concreta con una decisión identificable del Estado.
SANTO DOMINGO, R.D.-El director general del Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Promipyme), Fabricio Gómez Mazara, propuso este miércoles sustituir la comunicación política centrada en la visibilidad gubernamental por un modelo que permita demostrar cómo las demandas de las mipymes se convierten en políticas públicas, recursos y resultados medibles.
Durante su intervención en el XIX Congreso Internacional de Comunicación Política, Gómez Mazara afirmó que el desafío no consiste simplemente en comunicar más las actuaciones del Estado, sino en mejorar su “atribuibilidad”: la capacidad de los ciudadanos para vincular una transformación concreta de su vida cotidiana con una decisión pública claramente identificable.
Bajo el título Economía productiva, emprendimiento e inteligencia artificial: conectando políticas públicas, desarrollo territorial y comunicación, el funcionario expuso que las mipymes dominicanas tienen una presencia recurrente en el discurso institucional, pero todavía no ejercen una influencia proporcional a su importancia económica.
Según los datos presentados, estas unidades representan el 96 % del tejido productivo nacional, generan más del 61 % de los empleos y aportan el 32 % del producto interno bruto.
Esa relevancia, señaló, contrasta con la debilidad de los mecanismos mediante los cuales sus necesidades llegan hasta las instancias donde se diseñan las políticas públicas.
El expositor describió una comunicación históricamente asimétrica. Mientras el Estado dispone de estructuras para anunciar financiamientos, capacitaciones, compras públicas y otras decisiones favorables, la comunicación que asciende desde las mipymes hacia las autoridades permanece fragmentada y estructuralmente débil.
A diferencia de los sectores industrial y financiero, que cuentan con organizaciones consolidadas y capacidad de incidencia normativa, el universo de las mipymes reúne actividades muy distintas: desde emprendimientos informales de subsistencia hasta pequeñas industrias formalizadas. Gómez Mazara advirtió que esa heterogeneidad impide hablar de una voz única del sector.
“Un mensaje dirigido a los micro, pequeños y medianos empresarios es, por construcción, vacío o contradictorio”, expuso. En su opinión, exigir una posición unificada puede terminar suprimiendo diferencias legítimas y entregando mayor capacidad de influencia a los grupos mejor organizados.
Como parte de su diagnóstico, Gómez Mazara diferenció al menos cuatro segmentos que requieren tratamientos comunicacionales específicos: el microempresario informal, el microempresario formal, la pequeña empresa formal y la mediana empresa.
Para los negocios informales, explicó, el foco debe colocarse en las barreras de entrada y en una formalización gradual. Los micronegocios formalizados requieren incentivos tributarios y condiciones que favorezcan su supervivencia.
Las pequeñas empresas demandan acceso al crédito, participación en las compras públicas y oportunidades de expansión. Las medianas, en cambio, prestan mayor atención a la competencia desleal, la protección productiva y las exportaciones.
El funcionario también cuestionó la idea de que las plataformas digitales, por sí solas, puedan resolver el problema de representación y consulta del sector. Citó datos de la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples de 2022, según los cuales el 92.7 % de las operaciones de las mipymes se realizaba en efectivo, mientras apenas el 29.4 % disponía de internet para el negocio, el 24.6 % utilizaba redes sociales, el 13 % tenía correo electrónico y solo el 8 % contaba con una página web.
Ese “embudo de exclusión digital”, argumentó, limitaba la capacidad del Estado para consultar de manera representativa a un universo empresarial amplio, heterogéneo y sin mecanismos tecnológicos propios de agregación.
Para Gómez Mazara, este déficit histórico admite una explicación estructural antes que intencional. El problema no era necesariamente que el Estado se negara a escuchar, sino que no existían instrumentos suficientes para hacerlo de forma representativa. Construir esa capacidad, agregó, debe asumirse como una función estatal semejante a la producción de estadísticas públicas.
El director de Promipyme indicó que entre 2023 y 2026 se ha formado un nuevo ecosistema de información sobre inclusión financiera, educación financiera, demografía empresarial, microcrédito y condiciones de las mipymes. Ese conjunto de datos permite pasar de fotografías aisladas a una lectura más continua del ciclo productivo.
Como ejemplos de demandas convertidas en instrumentos identificables, mencionó cambios relacionados con el pago de anticipos, el Régimen Simplificado de Tributación y las gestiones con la Dirección General de Impuestos Internos.
También destacó la elevación del 20 % al 30 % de la proporción del presupuesto de compras públicas reservada para proveedores mipymes, con un 10 % destinado exclusivamente a empresas lideradas por mujeres.
En el ámbito financiero, informó que Promipyme cerró el período 2024-2025 con una cartera de RD$11,248 millones, equivalente a una expansión del 30.6 %, al tiempo que redujo del 16.5 % al 10 % la cartera en riesgo con atrasos superiores a 30 días.
El programa Tu firma es tu garantía fue presentado como ejemplo del modelo narrativo propuesto. La historia parte de un sujeto concreto una microempresaria de San Juan identifica un obstáculo la ausencia de un garante para acceder al financiamiento,señala la decisión pública adoptada para eliminar esa barrera y concluye con un resultado cuantificable: el programa llegó a representar el 8.2 % de la cartera.
De acuerdo con Gómez Mazara, esta estructura permite que el beneficiario no solo reciba información sobre lo que hace el Estado, sino que experimente el resultado y pueda relatarlo. Se trata, dijo, de construir narrativas verificables y replicables, sustentadas en evidencias y no únicamente en testimonios institucionales.
Inteligencia artificial
En la parte final de su exposición, Gómez Mazara planteó la creación de cadenas trazables que documenten quién formuló una demanda, desde qué territorio, qué instrumento público se originó, cuáles recursos fueron asignados y qué resultados se obtuvieron.
La inteligencia artificial podría contribuir a procesar grandes volúmenes de información procedentes de la comunicación ascendente, detectar patrones territoriales y orientar la asistencia técnica. No obstante, advirtió sobre la necesidad de garantizar una protección estricta de los datos personales antes de ampliar el uso de estas tecnologías.
Su propuesta incluyó evaluar periódicamente la situación de las mipymes, reorientar la asistencia técnica de acuerdo con cada etapa del ciclo productivo y comunicar con mayor claridad los beneficios económicos de la formalización.
La intervención dejó como planteamiento central que la comunicación política dirigida a las mipymes no debe medirse exclusivamente por la cantidad de anuncios, publicaciones o actividades oficiales.
Su eficacia dependerá, más bien, de que los empresarios puedan reconocer qué demanda produjo determinada norma, programa o facilidad y comprobar cómo esa decisión modificó sus condiciones.
El XIX Congreso Internacional de Comunicación Política se celebra los días 19 y 20 de agosto en Santo Domingo, organizado por la Cumbre Mundial de Comunicación Política y con el patrocinio de Banreservas.
El programa reúne ponencias sobre estrategias electorales, inteligencia artificial, manejo de crisis y comunicación gubernamental.
