La indexación y la distribución del 30% de los afiliados del régimen contributivo y elevar la cápita de RD$1,683.22 a RD$1,7818.64 fue propuesta esta semana al sistema de Seguridad Social por la Asociación de Igualas Médicas y Administradoras de Riesgos de Salud (ADIMARS).
Con respecto a los afiliados del régimen contributivo, la ADIMARS propone que “el restante 70% de extra prima de riesgo para los afiliados mayores de 55 años, cuyo costo promedio en salud es significativamente superior, estableciendo una prima total de RD$2,350.13 para ese grupo”, dice un comunicado publicado en los medios de comunicación.
Entienden que de esa forma se busca introducir una primera clasificación de riesgo etario, que siente la base para la incorporación de otras etapas y otros factores, como enfermedades crónicas, hipertensión y diabetes, las de más alta incidencia. Estas patologías impactan directamente el costo medio de los servicios.
ADIMARS ve que su propuesta es fácil de implementar por parte de la Tesorería de la Seguridad Social y la empresa Unipago.
La entidad que agrupa a igualas y ARS propone que se acuerde una prórroga para la aprobación definitiva de la indexación, con el propósito de crear un espacio de discusión técnica entre representantes de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Adirmars y las otras ARS del sistema. En caso de que la propuesta no pueda implementarse de inmediato, la entidad plantea que se apruebe la indexación por inflación conforme la propuesta actual que tiene la Sisalril.
Empero, establece que para el ajuste de abril del 2026 se aplique a la totalidad al segmento de afiliados mayores de 55 años.
Grupo Yunén
Al hablar sobre el tema, el doctor José Rafael Yunén, presidente del Grupo Yunén, afirmó que durante meses el gobierno ha promovido la narrativa de un Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) fortalecido, transparente y universal pero que detrás del discurso oficial se esconde una realidad preocupante: un déficit millonario, señalamientos de fraude, manipulación de datos y un plan cuidadosamente diseñado para concentrar el poder del sistema de salud en manos del Estado.
Asegura que con ello se favorece a tres grandes aseguradoras privadas con fuertes vínculos políticos y económicos. El nuevo esquema de distribución que se plantea y que según se ha informado podría aprobarse en cuestión de días, insiste, no busca corregir ineficiencias ni mejorar la cobertura.
Lo que se persigue, a su juicio, es que las ARS más pequeñas asuman el costo de la crisis, que los prestadores pierdan su capacidad de negociación y que se consolide un oligopolio sanitario bajo el disfraz de una reforma técnica.
Agrega además que a las grandes aseguradoras se les promete más recursos, aunque muchas de ellas ni siquiera han utilizado en su totalidad los fondos previamente asignados. “No es un problema de cuánto dinero se reparte, sino de cómo se maneja. Un sistema sin controles efectivos ni auditorías reales no necesita más recursos: necesita transparencia, reglas claras y rendición de cuentas
