Legisladores respaldan entrada en vigor del nuevo Código Penal y destacan avances en la reforma policial

SANTO DOMINGO.– Legisladores de distintas bancadas respaldaron este lunes la entrada en vigor del nuevo Código Penal y defendieron el trabajo realizado por la comisión que evaluó las modificaciones propuestas por diversos sectores de la sociedad, al considerar que la pieza fortalece el marco jurídico del país y responde a demandas históricas de la ciudadanía.

El diputado Ramón Bueno afirmó que la Cámara de Diputados cumplió con su responsabilidad al analizar cada una de las observaciones presentadas durante el proceso de discusión de la normativa.

En ese contexto, destacó como un hecho sin precedentes el anuncio del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, de notificar individualmente a cada proponente si sus sugerencias fueron acogidas o rechazadas, explicando las razones cuando estas resulten incompatibles con la Constitución.

Por su parte, el senador por la provincia Independencia, Dagoberto Rodríguez, sostuvo que es imprescindible que el nuevo Código Penal entre en vigencia, al señalar que incorpora más de 70 nuevos tipos penales que responden a reclamos de la sociedad y sancionan conductas que anteriormente no estaban contempladas en la legislación.

Rodríguez también expresó su respaldo al trabajo desarrollado por la comisión bicameral encargada del estudio del proyecto, manifestando su confianza en las modificaciones consensuadas por los legisladores que representaron al Senado durante el proceso.

Comisión continúa estudio de la reforma policial

En otro orden, el diputado Carlos Sánchez informó que la comisión especial continúa analizando la reforma a la Ley Orgánica de la Policía Nacional, iniciativa que pasó de 315 a 342 artículos tras las modificaciones aprobadas por el Senado.

Sánchez explicó que el proyecto busca transformar la estructura de la institución policial mediante el fortalecimiento de los mecanismos de supervisión y control.

Entre los cambios más relevantes citó el traslado del departamento de Asuntos Internos al Ministerio de Interior y Policía, así como una nueva integración del Consejo Superior Policial, que incluirá una mayor representación de instituciones civiles y del Ministerio Público.

Según el legislador, estas modificaciones buscan garantizar un mayor equilibrio en la toma de decisiones, fortalecer la supervisión institucional y contribuir a reducir los excesos y las violaciones a los derechos humanos denunciadas en los últimos años.