Por: María del Carmen Guillén
Los apagones programados que anunció recientemente el Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED) se llevarán a cabo de manera transitoria en las zonas donde se supere el 50 % de las pérdidas eléctricas ocasionadas por el hurto de energía. Edeeste, según se informó, es la distribuidora con el mayor número de circuitos irregulares.
El presidente del CUED, Celso Marranzini, explicó a Diario Libre los detalles de cómo se realizará este «control de abastecimiento» de manera organizada y transparente. Según sus declaraciones, cada cliente afectado recibirá una notificación por mensaje de texto o correo electrónico, indicando la fecha y el horario específico en que estará sin suministro eléctrico.
El ejecutivo aclaró que el propósito principal de esta medida es regularizar a los usuarios que reciben energía sin conexión legal, al mismo tiempo que se busca optimizar las redes de distribución para garantizar un servicio estable en todo el país.
Tiempo de apagones
Los apagones programados tendrán una duración aproximada de tres horas o más, dependiendo de la necesidad de la red eléctrica en el momento. Sin embargo, respecto a la duración de la medida, el ejecutivo indicó que se aplicará hasta que mejore el circuito.
«Dependerá de la calidad de las líneas y de la rapidez con que se formalicen los contratos con los clientes de estos circuitos. En casos puntuales, podría ser cuestión de meses; en otros, podría tardar más de un año. Por suerte, son pocos los circuitos recurrentes que presentan este tipo de inconvenientes», respondió Marranzini a Diario Libre.
«Nosotros estamos haciendo un llamado a la colaboración y el compromiso… El problema de las EDE es del país»
Celso Marranzini
Presidente del CUED
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Actualmente, las distribuidoras tienen un nivel de pérdidas del 37 % por diversos factores, entre los que se incluyen el deterioro de las redes de abastecimiento y el hurto del servicio. De acuerdo con el titular del CUED, el fraude eléctrico le cuesta al Estado 800 millones de dólares al año, por lo que el Gobierno destina una partida del Presupuesto General de la Nación para cubrir el déficit de las empresas distribuidoras de electricidad (EDE): Edesur, Edeeste y Edenorte. «Esto no puede continuar», expresó.
Aunque no confirmó la cantidad total de circuitos que tiene el sector eléctrico a nivel nacional, sostuvo que la mayor proporción de hogares y empresas que generan pérdidas por no pagar la luz a las EDE pertenece a la distribuidora Edeeste.
Mejorar facturación
Las distribuidoras han mantenido un déficit que supera los 1,450 millones de dólares, y uno de los factores es la dificultad de cobrar el servicio de manera eficiente, por lo que Marranzini adelantó que trabajan en estrategias para mejorarlo.
3 Millones es el total de clientes regulados entre las tres EDE del país.
En ese sentido, reconoció que las distribuidoras han cometido errores en su proceso de cálculo de las facturas, pero observó que es algo que también puede suceder en cualquier otro sector, inclusive en empresas privadas.
«Nosotros estamos trabajando en un sistema de facturación donde, para desconectar o reconectar a un cliente que no pague, ya no será necesario que vaya un brigadista; se hará directamente desde la distribuidora. Los clientes recibirán minimensajes constantemente, no solo por problemas de corte o reconexión, sino informándoles medidas que pueden tomar para reducir su consumo», agregó.
800 Son los millones de dólares al año que le cuesta al Estado el fraude eléctrico.
Asimismo, dijo que buscan contar con un equipo especializado para manejar las quejas de los clientes y que, necesariamente, no tengan que acudir a Protecom para hacer sus reportes. «Si quieren ir a Protecom, por supuesto, tienen todo el derecho de hacerlo. Pero antes de ir a Protecom, que se pueda resolver en la distribuidora cualquier queja sobre facturación, donde se cometen errores muchas veces», dijo.
«Nosotros estamos haciendo un llamado a la colaboración y al compromiso. El problema de las distribuidoras no es un problema de las distribuidoras ni del gobierno. Es un problema de la República Dominicana», expresó.
