Santo Domingo. – El presidente Luis Abinader emitió este lunes el Decreto núm. 672-26, mediante el cual dispone que determinadas contrataciones públicas vinculadas a programas sociales especiales sean dirigidas exclusivamente a micro, pequeñas y medianas industrias (MIPYMES) de producción nacional.
La medida busca fomentar la producción local, fortalecer la participación de las MIPYMES en las compras del Estado y contribuir a la generación de empleos.
El decreto, establece que la disposición aplica a instituciones públicas que desarrollen programas relacionados con el alivio de la pobreza, alimentación, vestimenta e insumos escolares o didácticos, productos básicos para la salubridad y dignidad humana, así como la protección de sectores vulnerables.
¿Qué establece el decreto?
Las instituciones incluidas deberán realizar sus procedimientos de contratación para adquirir los bienes y servicios necesarios para estos programas exclusivamente con MIPYMES industriales de producción nacional, de acuerdo con las condiciones establecidas en la normativa.
Los productos deberán ser de origen nacional, estar localizados en territorio dominicano y ser adquiridos sin intermediación, salvo cuando esta sea autorizada por escrito, de manera previa y directa por el productor.
La disposición establece que estas contrataciones se realizarán siempre que exista capacidad para satisfacer los requerimientos de las entidades contratantes en cantidad y calidad adecuadas.
Además, las instituciones deberán especificar en los pliegos de condiciones los requisitos necesarios para validar el origen nacional de los productos y la condición de MIPYME industrial nacional o productor nacional industrial.
Instituciones incluidas
Entre las entidades sujetas a las disposiciones del decreto figuran Supérate, DASAC, INABIE, la Policía Nacional, el Servicio Nacional de Salud (SNS), el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Educación (MINERD).
También están incluidos INAIPI, CONANI, CONAPE, PROMESE-CAL, URBE, MIVHED, INAVI y la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales.
La medida también alcanza a la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial, la Dirección de Desarrollo Provincial y los centros públicos de salud que correspondan conforme a sus competencias administrativas y presupuestarias.
El decreto aclara que la inclusión de estas instituciones no significa que todas sus contrataciones estarán sujetas a la medida, sino únicamente aquellas vinculadas a los programas y productos contemplados en la disposición.
MIPYMES deberán cumplir requisitos
Para participar en estos procedimientos, las MIPYMES industriales manufactureras deberán contar con un Registro Industrial emitido por PROINDUSTRIA.
También deberán disponer de la Certificación MIPYMES otorgada por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM).
En el caso de las empresas lideradas por mujeres, deberán contar además con la Certificación MIPYMES Mujer.
El decreto instruye a PROINDUSTRIA y al MICM a brindar asistencia a las empresas y procurar que los procesos de registro industrial y certificación se desarrollen de manera ágil.
Registro de proveedores y procesos de contratación
Las instituciones deberán consultar el Registro de Proveedores del Estado (RPE), mediante el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP), para determinar si existen MIPYMES industriales que puedan ofrecer los bienes o servicios requeridos.
Cuando no se identifiquen proveedores que puedan suplir el producto o servicio, la entidad deberá publicar un llamado a manifestación de interés para determinar si existen otras MIPYMES interesadas y con capacidad para participar.
Los procedimientos de contratación deberán realizarse mediante selección competitiva, conforme a la Ley núm. 47-25 de Contrataciones Públicas y su reglamento de aplicación.
Crean mesa de articulación entre MICM y DGCP
El decreto también crea una Mesa de Articulación Interinstitucional entre el MICM y la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).
Esta instancia tendrá como función coordinar la implementación del decreto, monitorear sus resultados y promover una mayor conexión entre la demanda de bienes y servicios del Estado y la oferta productiva nacional.
Entre sus tareas estará identificar sectores industriales estratégicos, coordinar capacitaciones para las MIPYMES y las unidades de contratación pública, y actualizar la información sobre la capacidad productiva nacional.
Asimismo, PROINDUSTRIA deberá modernizar el Registro Industrial para incorporar información detallada sobre los bienes fabricados por cada MIPYME, sus capacidades productivas, certificaciones y estándares de calidad.
Promoción de productos nacionales
La Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental (DIECOM), en coordinación con el MICM, deberá formular una estrategia de comunicación para promover el consumo de los bienes y servicios producidos por las micro, pequeñas y medianas industrias.
El decreto establece que sus disposiciones entrarán en vigor a partir de su publicación.
La medida se fundamenta en la Ley núm. 47-25 de Contrataciones Públicas y su Reglamento de Aplicación, aprobado mediante el Decreto núm. 52-26.
