Un colectivo de más de treinta juristas, académicos, profesionales de la salud, comunicadores e investigadores, en conjunto con la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco), presentaron de manera individual ante la Cámara de Diputados 10 nuevas propuestas de enmienda al proyecto del Código Penal dominicano.
Estas iniciativas se suman a los 18 artículos previamente propuestos por el Poder Ejecutivo ante el Senado, elevando a 28 el total de disposiciones en discusión.
El documento plantea de Adocco, entre otros puntos, excluir de responsabilidad penal a periodistas cuando la divulgación responda a un interés público prevaleciente (artículo 186), perfeccionar la redacción sobre difusión de imágenes y audios para proteger el periodismo de investigación (artículo 192), y delimitar con mayor precisión la responsabilidad por informaciones falsas sin afectar la actividad informativa legítima (artículo 194).
Asimismo, propone que las reducciones de penas por difamación incluyan referencias explícitas a las garantías del artículo 211 (artículo 208), fortalecer la protección de expresiones vinculadas a corrupción y asuntos públicos (artículo 211), armonizar la responsabilidad penal de personas jurídicas con dichas exclusiones (artículo 212), evitar que sanciones se extiendan indebidamente a empresas de comunicación (artículo 234) y mantener la delimitación del delito de ultraje al ámbito judicial (artículo 310).
Con estas recomendaciones, Adocco afirma que no busca eliminar responsabilidades ni crear privilegios, sino perfeccionar el marco legal bajo principios de proporcionalidad, seguridad jurídica y armonización constitucional, consolidando un equilibrio entre la protección del honor y la intimidad y el derecho ciudadano a recibir información de interés público.
Cuatro de los artículos propuestos para modificación por Adocco coinciden con el pliego sometido por el Gobierno al Senado de la República, específicamente los numerales 192, 208, 211 y 310.
Profesionales
Las propuestas presentadas por el grupo de juristas y profesionales consisten en una modificación puntual de los artículos 110 y 111, con el objetivo de incorporar las tres causales de interrupción del embarazo y corregir disposiciones que, según señalaron, vulneran derechos fundamentales.
Reclaman inclusión de las tres causales
El grupo diverso de juristas, académicos, profesionales de la salud, comunicadores e investigadores, encabezado por figuras como Mary Fernández Rodríguez (en representación de Magaly Caram), Ivelisse Acosta, entre otros, actuó como vocero de la iniciativa para exigir la incorporación de las tres causales en el Código Penal, argumentando que se trata de una demanda social sostenida y una oportunidad para fortalecer la protección de los derechos fundamentales en la República Dominicana.
Los proponentes plantean que no se persiga penalmente a quienes enfrenten situaciones extremas como riesgo para la vida o salud de la mujer, embarazo incompatible con la vida extrauterina o embarazo producto de violación o incesto.













































