La Alianza Evangélica Dominicana respalda las disposiciones del nuevo Código Penal que sancionan la difamación, por considerarla un delito no un derecho

Santo Domingo, República Dominicana. –La Alianza Evangélica Dominicana (AED), antigua Mesa de Diálogo y Representación Cristiana, expresó su firme respaldo a las disposiciones contenidas en la Ley No. 74-25, que tipifican y sancionan la difamación y la difamación extorsiva, fortaleciendo la protección del honor, la dignidad, el buen nombre, la imagen y la integridad de las personas frente a campañas de descrédito, chantaje reputacional y presiones indebidas ejercidas a través de medios tradicionales y plataformas digitales.

El presidente de la entidad, Obispo Reynaldo Franco Aquino, afirmó que la República Dominicana necesita fortalecer una cultura de responsabilidad, verdad y respeto, donde la libertad de expresión se ejerza dentro de los límites de la ética, la justicia y el respeto a la dignidad humana.

“La libertad de expresión es un derecho fundamental que debemos proteger, pero la difamación deliberada, la mentira organizada, la calumnia y el chantaje reputacional no son derechos; son acciones que destruyen personas, familias, instituciones y la confianza social. La difamación no es un derecho, es un delito”, sostuvo Franco Aquino.

La organización destacó que el Artículo 209 del nuevo Código Penal establece que incurre en difamación extorsivaquien realice una imputación pública falsa o lesiva contra una persona física o jurídica, mediante cualquier medio de comunicación, incluyendo plataformas digitales, redes sociales, transmisiones en vivo, medios electrónicos o el ciberespacio, con el propósito de obtener beneficios económicos, contractuales, estratégicos o de cualquier otra naturaleza, o para obligar a la víctima a realizar, omitir o tolerar una acción bajo presión.

La legislación contempla penas de cinco a diez años de prisión mayor y multas de diez a veinte salarios mínimos del sector público, y agrava las sanciones cuando el hecho es cometido por dos o más personas actuando de manera coordinada.

El Obispo Franco Aquino señaló que estas disposiciones responden a una realidad cada vez más frecuente, donde determinadas personas o grupos desarrollan campañas sistemáticas de descrédito para afectar reputaciones y posteriormente exigir dinero, contratos, favores o concesiones a cambio de detener los ataques.

“Estamos viendo cómo algunos sectores utilizan las redes sociales como instrumentos de presión, difamación y extorsión. Primero destruyen la reputación de una persona o institución y luego intentan vender la solución. Eso no es periodismo, no es libertad de expresión y no es democracia; es una conducta que debe ser enfrentada por el Estado de Derecho.”

La Alianza Evangélica Dominicana enfatizó que estas disposiciones legales no deben interpretarse como una limitación al trabajo periodístico responsable ni al derecho ciudadano de denunciar actos de corrupción, abuso o irregularidades debidamente sustentadas. Por el contrario, consideran que la ley establece una diferencia necesaria entre la denuncia legítima basada en evidencias y las campañas fabricadas con el propósito de destruir reputaciones o ejercer presión indebida.

Desde la perspectiva de la fe cristiana, la entidad recordó que la defensa de la verdad constituye un principio fundamental de la convivencia humana.

“El noveno mandamiento establece claramente: ‘No hablarás contra tu prójimo falso testimonio’ (Éxodo 20:16). Asimismo, Proverbios enseña que Dios aborrece la lengua mentirosa y a quienes siembran discordia entre los hermanos. La verdad honra a Dios, fortalece la justicia y preserva la paz social.”

La organización hizo un llamado a comunicadores, periodistas, creadores de contenido, influencers, líderes sociales, actores políticos y ciudadanos en general a utilizar responsablemente las plataformas digitales y los medios de comunicación, evitando la propagación de informaciones falsas, campañas de descrédito y acusaciones sin fundamento.

Finalmente, el Obispo Reynaldo Franco Aquino expresó que la defensa de la dignidad humana debe ser una responsabilidad compartida por toda la sociedad.

“La verdad fortalece a la nación; la mentira la debilita. Una democracia madura protege la libertad de expresión, pero también protege el honor, la reputación y la dignidad de las personas. La justicia debe garantizar ambas cosas. La difamación no es un derecho, es un delito.”