Fuente: Diario de Salud
SANTO DOMINGO, RD ¿Quién cuida al que cuida? La preocupación de los médicos dominicanos ante la entrada en vigencia de la Ley 74-25.
La medicina convive permanentemente con la incertidumbre. Cada día, miles de profesionales de la salud toman decisiones complejas con información incompleta, escenarios cambiantes y pacientes que muchas veces llegan en condiciones críticas.
Sin embargo, para parte del sector médico dominicano, una nueva preocupación se suma ahora a los desafíos habituales de la profesión: la entrada en vigencia de la Ley 74-25 y las modificaciones introducidas al Código Penal.
El tema fue abordado durante una intervención en la emisora Z101, donde especialistas debatieron sobre las posibles consecuencias que la nueva legislación podría tener para quienes ejercen la medicina en República Dominicana.
“La medicina no es una ciencia exacta”, planteó el urólogo Pablo Mateo al introducir el debate. “Cada día miles de médicos dominicanos toman decisiones complejas para salvar vidas, aliviar el sufrimiento y acompañar a sus pacientes en los momentos más difíciles”.
La pregunta que sirvió de punto de partida fue directa: ¿cómo garantizar los derechos de los pacientes sin convertir el ejercicio médico en una profesión marcada por el miedo, la incertidumbre y la amenaza constante de litigios?
El temor antes de los tribunales
Para el urólogo Miguel Sánchez Caba, expresidente de la Sociedad Dominicana de Urología, el principal impacto de la legislación no comenzará necesariamente en los tribunales.
“El mayor problema de la incorporación de este nuevo Código Penal en el sector salud no va a empezar en los tribunales; va a empezar en el miedo al ejercicio médico profesional”, afirmó.
Según explicó, la preocupación radica en que muchos profesionales podrían comenzar a evitar procedimientos complejos, retrasar decisiones clínicas o aumentar la cantidad de consultas e interconsultas por temor a eventuales consecuencias legales.
“Esto va a empezar en la práctica nuestra, en el temor a un ejercicio diáfano”, sostuvo.
El especialista insistió en que la mayoría de los médicos actúan de manera ética y transparente.
“Somos una población igual que cualquier otra. Hay médicos que no son del todo correctos, como ocurre en cualquier profesión, pero la mayoría que conozco son buenos profesionales y tienen un ejercicio transparente”, señaló.
La figura del homicidio involuntario
Uno de los aspectos que más inquietud genera entre algunos profesionales es la posibilidad de que un acto médico con un desenlace fatal pueda derivar en acusaciones de homicidio involuntario.
“¿Ustedes se imaginan que nos declaren homicidas involuntarios?”, preguntó Sánchez Caba durante la conversación.
“Ningún médico estudió para matar. Nosotros no estamos preparados para matar. Nos formamos para ayudar, para colaborar”, añadió.
Para el especialista, el solo hecho de que un profesional pueda enfrentar una acusación de esa naturaleza genera preocupación dentro del gremio.
“Tildar a un médico de homicida involuntario me parece exageradísimo”, expresó.
La medicina de medios, no de resultados
Durante el debate, los médicos hicieron referencia a un principio ampliamente reconocido en el derecho médico: la obligación de medios.
Sánchez Caba recordó que la Suprema Corte de Justicia estableció en la Sentencia 322 del 6 de mayo de 2015 que la medicina constituye una obligación de medios y no de resultados.
En términos prácticos, esto significa que el profesional está obligado a emplear todos los recursos, conocimientos y procedimientos adecuados para atender al paciente, pero no puede garantizar un resultado específico.
“Nosotros tenemos una obligación de medio, no de resultado”, explicó.
El médico ilustró su argumento señalando que existen circunstancias donde el sistema de salud no dispone de todos los recursos necesarios para enfrentar determinados casos.
“Si en el hospital donde trabajas no existen los medios, es imposible garantizar resultados”, sostuvo.
¿Menos médicos para los casos difíciles?
Otro de los escenarios planteados durante la discusión fue la posibilidad de que algunos profesionales opten por alejarse de procedimientos de alto riesgo.
Wellington Ledesma advirtió que, ante el temor de consecuencias legales, algunos médicos podrían decidir no asumir determinados casos.
“Lo más básico, lo más simple de pensar es: yo no voy a brindar la asistencia”, comentó.
Sánchez Caba coincidió con esa preocupación.
“Habrá mucho miedo”, afirmó.
Según explicó, esto podría traducirse en una mayor cantidad de consultas, solicitudes de segundas opiniones y retrasos en tratamientos urgentes.
“Muchas personas dirán: ‘Yo quiero hacer lo sencillo, no me estoy dedicando a lo complejo'”, señaló.
El consentimiento informado bajo la lupa
La conversación también abordó el papel del consentimiento informado, documento mediante el cual el paciente acepta un procedimiento después de conocer sus riesgos y beneficios.
Sánchez Caba reconoció que la nueva legislación fortalece la importancia de este instrumento.
“El consentimiento informado para la ley es obligatorio”, explicó.
Sin embargo, considera que su existencia no necesariamente constituye una protección absoluta para el profesional.
“Si no está, es perjudicial. Pero si está, no veo que por sí solo nos proteja en una audiencia”, indicó.
Por su parte, Pablo Mateo defendió la necesidad de que estos documentos incorporen cada vez más evidencia científica actualizada.
Como ejemplo citó investigaciones recientes sobre cáncer de próstata de alto riesgo.
“Según un estudio publicado recientemente, hasta un 50 % de los pacientes operados por cáncer de próstata de alto riesgo pueden presentar recurrencia a cinco años”, explicó.
El especialista señaló que muchos pacientes interpretan erróneamente la reaparición de la enfermedad como una prueba de que la cirugía fue incorrecta.
“Si el cáncer reaparece un año después, mucha gente piensa automáticamente que el paciente fue mal operado, y eso no necesariamente es cierto”, afirmó.
Por esa razón, recomendó que los consentimientos informados incluyan información basada en estudios científicos sobre probabilidades de éxito, recurrencia y complicaciones.
“El paciente debe tener claro qué se está haciendo, cuáles son los riesgos y qué dice la evidencia científica disponible”, sostuvo.
Un debate que apenas comienza
La Ley 74-25 fue aprobada en agosto de 2025 y entrará en vigencia en agosto de 2026.
A medida que se acerca esa fecha, aumenta el debate dentro del sector salud sobre el equilibrio entre la protección de los derechos de los pacientes y las garantías necesarias para que los profesionales puedan ejercer sin temor.
Para quienes participaron en la discusión, el desafío consiste en encontrar un punto de equilibrio que fortalezca la transparencia y la rendición de cuentas sin fomentar una práctica médica condicionada por el miedo.
“Cuando un médico ejerce con miedo, el riesgo no solo lo asume el profesional”, concluyó Pablo Mateo. “También lo asume el paciente que espera una atención oportuna, humana y basada en la mejor evidencia disponible”.
Frases destacadas de la conversación radial:
“Ningún médico estudió para matar. Nos formamos para ayudar”. — Dr. Miguel Sánchez Caba
“El mayor problema no comenzará en los tribunales; comenzará en el miedo al ejercicio médico”. — Dr. Miguel Sánchez Caba
“La medicina es una obligación de medios, no de resultados”. — Dr. Miguel Sánchez Caba
“Cuando un médico ejerce con miedo, el riesgo también lo asume el paciente”. — Dr. Pablo Mateo
“Habrá médicos que preferirán hacer lo sencillo y evitar los casos complejos”. — Dr. Miguel Sánchez Caba
Referencia mencionada por los entrevistados:
Sentencia 322 de la Suprema Corte de Justicia de República Dominicana (6 de mayo de 2015).
Estudio PROTEUS sobre cáncer de próstata de alto riesgo y recurrencia oncológica.
