Por: Amado Alejandro Báez
“Aquellos que no aprenden de la historia están destinados a repetirla.” La frase, atribuida a George Santayana, describe con una precisión incómoda la situación de la toxicología en República Dominicana.
Las intoxicaciones son uno de los problemas de salud pública más subestimados del país. Las recientes tragedias que han conmocionado a la opinión pública no son eventos nuevos ni excepcionales: son el rostro visible de una crisis silenciosa que se repite con demasiada frecuencia. Alcoholes tóxicos, monóxido de carbono, plaguicidas, sobredosis de medicamentos y, más recientemente, la amenaza creciente del fentanilo y otros opioides sintéticos. Son historias que conmueven, destruyen familias y luego desaparecen de la conversación pública hasta la próxima tragedia.
Lo que vemos en los titulares es apenas la punta del iceberg
La República Dominicana nunca ha desarrollado una verdadera cultura toxicológica en su sistema sanitario. Muchas intoxicaciones no se reconocen a tiempo, otras se diagnostican tarde y algunas jamás se identifican como tales. El resultado es un subregistro masivo que nos impide conocer la verdadera carga de enfermedad y mortalidad. Sin datos confiables, no hay vigilancia; sin vigilancia, no hay políticas basadas en evidencia. En términos simples: estamos ciegos ante un problema que no podemos medir.
Y el costo de esa ceguera va mucho más allá de las estadísticas. Durante décadas, las intoxicaciones han golpeado sectores estratégicos de nuestra economía sin una respuesta estructural. En la agricultura, columna vertebral de muchas comunidades rurales, los plaguicidas siguen intoxicando a trabajadores y generando pérdidas humanas y productivas que rara vez se cuantifican. En el turismo, uno de los principales motores del país, los eventos toxicológicos —alcoholes adulterados, alimentos contaminados, exposiciones ambientales— han provocado crisis de imagen internacional con repercusiones económicas y diplomáticas. Son vulnerabilidades conocidas desde hace décadas y seguimos sin una estrategia nacional para enfrentarlas.
La situación es particularmente crítica en los servicios de emergencia, donde se atiende a la inmensa mayoría de los pacientes intoxicados. Y conviene aclarar algo: el problema no es solo la ausencia de una subespecialidad en toxicología, aunque sería una contribución valiosa. El problema es que estas emergencias suelen ser atendidas por médicos que, con frecuencia, carecen de las herramientas diagnósticas y terapéuticas para responder.
Los datos preocupan. En un sondeo entre especialistas en medicina de emergencias, alrededor del 75 % reportó nunca haber utilizado el número nacional de información toxicológica, y más del 95 % señaló no disponer de los recursos necesarios para manejar una intoxicación grave. No son percepciones: son una radiografía de las limitaciones del sistema.
Las preguntas que surgen son simples, pero incómodas. ¿Disponemos de paneles toxicológicos modernos de forma rutinaria? ¿Contamos con laboratorios especializados accesibles las 24 horas? ¿Están disponibles antídotos esenciales como la naloxona, la fomepizol o la hidroxicobalamina? ¿Existe una red nacional de vigilancia capaz de detectar amenazas emergentes antes de que se conviertan en crisis? En la mayoría de los casos, la respuesta sigue siendo no.
Y no ocurre por desconocimiento del problema.
Desde 2008, junto a colegas nacionales e internacionales de instituciones como Harvard, Mayo Clinic y la Universidad de Puerto Rico, impulsamos iniciativas para fortalecer la toxicología clínica en el país: capacitación para médicos de emergencias, diplomados especializados y educación continua, con una visión clara: construir una masa crítica de profesionales y avanzar hacia un sistema integrado de respuesta.
En 2009, junto a la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Hospital General Plaza de la Salud y otros colaboradores, creamos el primer Centro de Información y Asistencia Toxicológica del país (CENTOX), con una línea nacional de apoyo técnico para médicos, hospitales y ciudadanos. Fue un paso importante, pero desde el inicio entendimos que una línea telefónica era apenas una pieza de un sistema mucho más amplio —vigilancia, laboratorios, antídotos, formación, financiamiento sostenible—. Esa visión integral nunca se consolidó.
En marzo de 2024, el Ministerio de Salud Pública relanzó nuestra propia iniciativa con el nombre de “Instituto Dominicano de Toxicología (INTOXDOM)”. Todo esfuerzo por fortalecer esta capacidad merece apoyo. Pero la cercanía entre ambos proyectos invita a reflexionar sobre la continuidad institucional: en salud pública, los avances sólidos se construyen sobre el trabajo acumulado de muchos. Reconocer lo previo no es cortesía profesional; es la forma de incorporar lecciones, comprender los obstáculos ya enfrentados y evitar repetir errores. La memoria institucional acelera el progreso cuando se aprovecha y, cuando se ignora, obliga a reiniciar ciclos ya recorridos.
El problema de fondo nunca ha sido el nombre de las instituciones, sino la ausencia de una política nacional sostenida y respaldada con recursos reales. Faltan laboratorios especializados. No hay una red robusta de vigilancia. No existe una disponibilidad uniforme de antídotos. No existe una estrategia que integre la prevención, el diagnóstico, el tratamiento, la investigación y la preparación ante amenazas emergentes. Seguimos siendo vulnerables.
Mientras tanto, los riesgos evolucionan. Los alcoholes tóxicos siguen causando brotes de alta mortalidad. Los plaguicidas siguen afectando comunidades rurales. El monóxido de carbono sigue cobrando vidas prevenibles. Y la llegada de opioides sintéticos y nuevas sustancias psicoactivas plantea desafíos para los que el país no está preparado.
La toxicología no es un lujo académico. Es una necesidad de salud pública, económica y de seguridad nacional.
Por eso, República Dominicana debería asumir al menos cinco prioridades para la próxima década:
1. Una red nacional de vigilancia toxicológica que detecte tendencias, brotes y amenazas en tiempo real.
2. Laboratorios toxicológicos modernos, con cobertura nacional y acceso oportuno para los hospitales.
3. Antídotos esenciales garantizados en centros estratégicos, con protocolos de uso estandarizados.
4. Toxicología clínica en la formación de emergenciólogos, intensivistas, pediatras, internistas y personal prehospitalario, de manera sistemática.
5. Una estrategia nacional sostenida, con financiamiento estable, indicadores de desempeño y visión de largo plazo que trascienda los cambios políticos.
Durante casi dos décadas hemos señalado estas necesidades. Hemos capacitado profesionales, impulsado programas, creado estructuras y documentado las brechas. Pero construir capacidades sin una política pública que las sostenga es como llenar un barril sin fondo.
La solución no está en relanzar iniciativas con nuevos nombres, sino en abordar la toxicología como lo que realmente es: un componente esencial de la salud pública moderna que exige inversión, planificación, continuidad y voluntad política sostenida.
La verdadera pregunta ya no es si debemos invertir en toxicología, sino cuántas tragedias más necesitaremos para entender que debimos hacerlo hace décadas. La historia ya nos dio la lección; lo preocupante sería seguir ignorándola.
El autor es doctor en medicina egresado de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) y de la Universidad de Barcelona. Se formó como especialista en Medicina de Emergencias y Medicina Crítica en el Mayo Clinic y la Universidad de Harvard. Es profesor con formación avanzada en salud pública, epidemiología y gestión de sistemas de salud, y ha trabajado por más de tres décadas en el desarrollo de programas de emergencias y salud pública a nivel internacional.
