La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) celebró este lunes el reconocimiento histórico otorgado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) a la República Dominicana por haber salido oficialmente del mapa del hambre al reducir la prevalencia de desnutrición por debajo del umbral del 2.5 %.
El director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, afirmó que este reconocimiento de alcance internacional no es producto del azar, sino que es el resultado de un compromiso sostenido entre el Estado dominicano, los productores agropecuarios, las instituciones públicas y la sociedad en su conjunto.
Destacó que, en ese esfuerzo colectivo, el sistema de contrataciones públicas ha desempeñado un rol estratégico de primer orden.
Un sistema que compra con propósito
En ese sentido, Pimentel reveló que entre el 18 de agosto de 2020 y el 30 de junio de 2026, el Estado dominicano destinó RD$ 342,836,617,298.16 a la adquisición de alimentos a través del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP), mediante 277 procesos de compra ejecutados por 14 instituciones vinculadas a programas de alimentación pública, asistencia social y atención a la primera infancia.
“Este volumen de inversión convierte al Estado en uno de los principales compradores de alimentos del país, con una demanda pública que abastece diariamente escuelas, hospitales, comedores económicos, centros de atención a la primera infancia y programas de asistencia social”.
Destacó que las cinco instituciones con mayor inversión en este segmento concentran el 99.79 % del monto total, siendo el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INAE) la entidad de mayor peso con una participación del 85.73 %.
El resto de las instituciones son la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (DASAC), el antiguo Plan de Asistencia Social de la Presidencia, el Instituto Nacional de atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi) y el Instituto de Estabilización de Precios (Inespre).
Compras que fortalecen el tejido productivo nacional
Más allá del abastecimiento institucional, los datos del sistema revelan que estas adquisiciones han tenido un impacto significativo sobre el tejido empresarial dominicano.
Las estadísticas revelan que el 100 % de las adjudicaciones fueron realizadas a empresas nacionales, reafirmando el compromiso del Estado con la producción local y con la política de desarrollo productivo nacional consagrada en la Ley núm. 47-25 de Contrataciones Públicas.
El 74.9 % de las adjudicaciones correspondió a empresas clasificadas como micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), evidenciando que el mercado público agroalimentario se ha convertido en una plataforma de oportunidades para los sectores productivos de menor escala, incluyendo asociaciones de productores, cooperativas rurales y agroindustrias locales.
Mediante una nota de prensa, la DGCP informó que el 40.12 % de las adjudicaciones fue realizado a empresas lideradas por mujeres, mientras que el 33.4 % del total de adjudicaciones correspondió a MIPYMES encabezadas por mujeres, lo que refleja un avance concreto en la inclusión económica y en la equidad de género dentro del mercado público.
Un mercado competitivo y transparente
La participación activa del sector privado en estos procesos es otro indicador de la salud del sistema. En los 277 procesos ejecutados, se registraron 19,870 ofertas presentadas por 4,677 proveedores distintos, de un universo de 19,422 proveedores registrados en rubros agroalimentarios. De esa base de participantes, 754 proveedores distintos resultaron adjudicados, suscribiendo un total de 3,855 contratos.
Los promedios de competencia por modalidad de contratación confirman la vitalidad del mercado: las licitaciones públicas nacionales registraron un promedio de 77 ofertas por proceso, los procesos de excepción alcanzaron 74 ofertas en promedio, y las subastas inversas electrónicas registraron un promedio de 24 ofertas por proceso.
En materia de eficiencia operativa, el tiempo promedio de adjudicación fue de 52 días para licitaciones públicas, 27 días para subastas inversas y 17 días para procesos de excepción por urgencia o emergencia, plazos que reflejan la capacidad del sistema para responder con oportunidad a las necesidades de abastecimiento de los programas sociales del Estado.
Monitoreo e integridad al servicio de la seguridad alimentaria
La DGCP ejerció funciones de monitoreo y control sobre el 95 % del monto destinado a compras agroalimentarias, con intervenciones mediante observaciones técnicas en el 63 % del monto monitoreado, lo que representó un impacto estimado de RD$ 215,987,068,897.84 en recursos sujetos a supervisión activa. Esta acción preventiva garantiza que cada peso invertido en alimentación pública sea gestionado con transparencia, eficiencia e integridad.
“El logro certificado por la FAO es la expresión más visible de una política pública coherente y sostenida. Las compras públicas agroalimentarias no solo garantizan el abastecimiento oportuno de alimentos para los programas sociales del Estado; también generan mercados estables para los productores nacionales, fortalecen las cadenas de valor agrícolas, dinamizan las economías locales y promueven la inclusión de las mujeres y las micro y pequeñas empresas en el mercado formal”, afirmó Pimentel.
Finalmente, el titular de la DGCP reafirmó el compromiso de su gestión para garantizar que el poder de compra del Estado contribuya a construir un país más productivo, más equitativo y más seguro desde el punto de vista alimentario.
