San José, Costa Rica. – El Lcdo. Rodolfo Valentín Santos, Director de la Oficina Nacional de Defensa Pública de la República Dominicana, ha sido reelecto como Coordinador Regional de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF) para la región del Caribe. La reelección fue anunciada durante el Décimo Congreso de Defensorías Públicas de la AIDEF, un evento de gran trascendencia celebrado en la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica.
Este congreso, que reúne al Comité Ejecutivo de la AIDEF y a representantes de todas las defensorías públicas de los países miembros, abordó temas clave sobre el respeto a los derechos humanos y la dignidad de las personas. Durante su intervención, el Lcdo. Valentín Santos afirmó: “No podemos retroceder en materia de derechos humanos”, subrayando su compromiso con la defensa de los más vulnerables.
Al ser reelecto, el Lcdo. Valentín Santos destacó la importancia de su nuevo mandato: “Este es un gran compromiso que nos impulsa a seguir promoviendo los derechos humanos y, sobre todo, a luchar por el respeto a la dignidad de las personas”.
Asimismo, el Director de la Defensa Pública de la República Dominicana reconoció el excelente trabajo realizado por el Dr. Juan Carlos Pérez Murillo, Director de la Defensa Pública de Costa Rica, quien culmina su gestión como Coordinador de la AIDEF. También felicitó a la Dra. Rivana Barreto Ricarte, nueva Coordinadora General de la AIDEF y Defensora Pública de Brasil, así como a los demás miembros electos de la nueva directiva.
“Cuando los países se unen por un propósito común, se produce el milagro de que los derechos humanos sean reconocidos como progresivos”, concluyó el Lcdo. Valentín Santos.
La AIDEF es una organización internacional que promueve la cooperación entre las defensorías públicas de los países miembros, con el objetivo de fortalecer el acceso a la justicia y garantizar la protección de los derechos de las personas más vulnerables. En la República Dominicana, la Oficina Nacional de Defensa Pública juega un rol fundamental al asegurar la defensa legal gratuita para quienes no pueden costear los servicios de un abogado, protegiendo así los derechos de los ciudadanos más necesitados en el sistema de justicia penal.
